EMPRESARIOS & EMPRESAS
Año de parto para el Pacto
Cierra 2007 y el Pacto Social a que llamó la presidenta Cristina Fernández sigue siendo un interrogante para el sector empresarial. Lo único concreto es que no se trata de un acuerdo con proyección histórica -como el Pacto de la Moncloa, en España- sino que apunta a controlar la economía en el mediano plazo.
Cuando la presidenta Fernández hizo el llamado al Pacto, lo definió genéricamente como "un diálogo entre trabajadores y empresarios para mantener un modelo de acumulación y de inclusión social". Desde el campo empresario, la vitalidad del modelo de acumulación depende de factores que requieren soluciones inmediatas. Entre ellos, la crisis energética, el financiamiento a largo plazo de la producción, incentivos fiscales, la modificación a la ley de ART que elimine la doble vía de reclamos, sincerar los índices de inflación y temperar las aspiraciones salariales que se discutirán en las paritarias en 2008. A eso puede sumarse el recupero del IVA, la desgravación del impuesto a las ganancias para la reinversión de utilidades en proyectos productivos y la renovación del régimen de promoción de inversiones.
Algunas pistas
En una reciente presentación en la Unión Industrial de Santa Fe, el economista Javier González Fraga aportó detalles que deben tenerse particularmente en cuenta, dado su vínculo profesional con Martín Lousteau, actual ministro de Economía (son coautores del libro "Sin Atajos"). Para González Fraga (es lícito suponer que también para Lousteau), el nuevo Pacto Social debe consolidar una década de crecimiento, pivotando sobre 6 ejes centrales. En lo fiscal, controlar el gasto público, reducir subsidios e incrementar las retenciones. Con respecto a la presión inflacionaria, provocar un suave descenso de la demanda de las clases altas y cambiar la metodología del Indec. En lo referido a energía y servicios la propuesta es aumentar gradualmente algunas tarifas, finalizar obras en curso y establecer un plan de ahorro energético. En tanto, el tema de las inversiones va ligado a la recuperación de la credibilidad externa (Club de París y tarifas), créditos a largo plazo para las Pymes y planes estratégicos sectoriales. Siempre según González Fraga, la inclusión social a la que aludió la presidenta, debe abordarse con planes asistenciales focalizados, profundización del crecimiento económico y la reducción o eliminación del empleo en negro. También propone encarar la cuestión sindical manteniendo abiertos los canales de negociación política con Hugo Moyano, jefe de la CGT y pidiendo mayor responsabilidad al sector privado.
Los riesgos
Durante su exposición en la UISF, González Fraga mencionó algunas de las piedras con las que el pacto puede tropezar en su camino. Una de ellas es que "la inflación se estabilice en 20 por ciento o más". El economista cree poco probable que esto suceda, pero mientras tanto, la información diaria muestra la urgente necesidad de ajustar tarifas de gas y electricidad (las más bajas de Latinoamérica) y sincerar el costo del transporte. Otro riesgo es que "el aislamiento internacional más la inflación puedan ahuyentar inversiones". En realidad, eso ya está sucediendo: Repsol se desprende de YPF, Esso deja la Argentina y Shell está en la picota. El reverso, hay que decirlo, es que los capitales brasileños están comprando todo lo que encuentran a su paso. Imitando a varias multinacionales, una parte de la "burguesía nacional" se está desprendiendo desde hace tiempo de sus activos. También llevaría a zona de riesgo el hecho de que "la puja sindical puede provocar reclamos salariales excesivos y disparar las expectativas". Por lo pronto, ya 7 sindicatos (1,5 millones de trabajadores) lograron compensaciones por la mayor inflación de 2007, con adicionales, vía aguinaldo, que van de 120 a 3.000 pesos. A futuro, los reclamos más fuertes ubican en un piso de 30 por ciento el incremento salarial para 2008. Aquí entra Moyano, quien para no pasarse "a la vereda de enfrente", como amenazó, aspira a que las paritarias establezcan aumentos "que como mínimo dupliquen la inflación de Guillermo Moreno". Referentes de la CGT ya deslizaron que discutirán una banda entre 20 y 22 por ciento. El empresariado industrial, a todo esto, vela los números. El sector estaría dispuesto a conceder hasta 19 por ciento de incremento salarial, pero agregando pautas de productividad laboral en los convenios.
El pacto que nunca fue
El actual llamado a un Pacto Social refiere inmediatamente a uno similar realizado a principios de la década de los 70. Se firmó en junio de 1973, durante la presidencia de Héctor J. Cámpora y fue ratificado por Juan Perón cuando asumió en octubre de ese año. Hoy el tiempo histórico es otro y el contexto internacional diferente, pero hay similitudes que no pueden soslayarse. La política económica de 1973 fue trazada por José B. Gelbard, presidente de la Confederación General Económica (CGE), designado por Cámpora ministro de Economía y posteriormente confirmado en el cargo por Perón. La idea de Gelbard abrevaba en la teoría policlasista del peronismo (en la que siempre caben acuerdos corporativos en aras del bienestar de la Nación) y en el convencimiento de que una "burguesía nacional" debía ser actor principal en la economía del sector privado. Los objetivos eran, en teoría, establecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico, redistribuir el ingreso a favor de los asalariados, fortalecer el mercado interno acrecentando la demanda, restringir la operatoria del capital extranjero e impulsar la industrialización. Todo ese andamiaje descansaba en un acuerdo político entre la CGE y la CGT, garantizado por el Estado. El Pacto Social permitió fijar precios máximos, pero esto resulto ineficaz. Continuó el proceso inflacionario y surgió un mercado negro. Estallaron varios conflictos y Perón, con todo su peso político, convocó a una "gran paritaria nacional". No hubo acuerdo. Se decidió entonces un aumento general de salarios de 13 por ciento, se elevó el salario mínimo y se creó el seguro de vida obligatorio, pero se permitió a los empresarios trasladar el aumento a los precios, con algunas restricciones. Pese a estas medidas, el proceso inflacionario siguió su curso y agudizó las internas sindicales de ese momento. La CGT estaba dividida en dos líneas irreconciliables. Una, liderada por la UOM, era partidaria de llamar a convenciones colectivas de trabajo y de liberar los precios; la otra, controlada por los textiles, planteaba un aumento igualitario para todos los gremios. Estallaron varias huelgas que desnudaron el fracaso del plan económico y el pacto social Para el historiador José Alberto Romero, "uno de los principales aspectos que jaqueó al pacto social fue el alto grado de conflictividad obrera, que desbordaba en buena medida el liderazgo de las conducciones sindicales. Los cimientos del acuerdo comenzaron a socavarse mientras crecía el desabastecimiento de productos esenciales. Estaban disponibles en el mercado, pero el incremento de los costos alentaba a comerciarlos en un mercado negro que se extendía a diario, en donde el control de precios no ejercía influencia. Las bases obreras y empresarias no respondieron a los acuerdos de sus cúpulas. Sólo el fuerte ascendiente de Perón garantizaba cierto grado de control, pero éste se encontraba ya próximo a su fin". Félix Canale
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