La CGT aguarda una "respuesta oficial" al pedido formulado por los gremios para que la suba del 7 al 11 por ciento en los aportes a las AFJP tenga lugar de manera gradual, el cual debería regir desde mañana, según indicó su asesor letrado, Héctor Recalde.

Al respecto, Claudio Lozano, economista de la CTA y diputado nacional, criticó la posibilidad de que el gobierno disponga un aumento escalonado en el descuento jubilatorio en el sistema de capitalización.

En diálogo con la prensa, Lozano manifestó que "no habría que postergar la decisión, ya que estos fondos son necesarios para el sistema previsional", y afirmó que este trámite debería impulsarse por decreto del gobierno nacional.

El legislador expresó además que la suba de cuatro puntos porcentuales debería ser "absorbida por las empresas".

Más allá de esto, Héctor Recalde -también diputado nacional de extracción gremial- comentó que los sindicatos "están esperando la respuesta" oficial al pedido presentado ante el Ministerio de Trabajo respecto a los aportes realizados a las AFPJ.

"El impacto para el trabajador es importante, si se hace gradual, el impacto sobre el reajuste de costo salarial, no es tanto", comentó Recalde.

El legislador explicó también que, otro de los reclamos presentado al Poder Ejecutivo, es que "los empleadores sean los que absorban el mayor aporte que tienen que hacer los trabajadores".

Según trascendió, el gobierno nacional estudia la posibilidad de comenzar en enero con una suba del 7 al 9 por ciento en los aportes, y del 9 al 11 por ciento a partir de julio próximo.

Si se cumplen los plazos legales, de fijarse un aporte del 11 por ciento desde el martes próximo, los haberes de bolsillos de los aportantes se vería reducida en un 4,59 por ciento.

En su origen, la medida de reducir el nivel de aporte a las AFJP fue dispuesto el 19 de diciembre de 2001 por Domingo Cavallo, cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Si bien desde 1994 los aportes se fijaron en el 11 por ciento, tras la crisis y con el objetivo de estimular el consumo a partir de que el trabajador viera incrementado su salario de bolsillo, se bajó esta alícuota al 5 por ciento mensual. Esto fue establecido a través del decreto 1676/2001, y que modificó parte del articulado del 1387 del mismo año.