Durante el verano pasado y aún en los peores momentos del último muy frío invierno, el gobierno nacional se negaba a admitir la crisis del sistema energético nacional, que ahora -tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner- sí se reconoce como un problema en forma oficial.
Es cierto, pero sólo en parte, lo que sostenía entonces y todavía afirma el kirchnerismo: el problema fue heredado de las gestiones anteriores, cuando el modelo de las privatizaciones en los subsectores de generación y transporte mostró sus graves limitaciones para asegurar el nivel de inversiones que requiere el crecimiento de la demanda. Pero también lo es que durante los últimos cuatro años nada se ha hecho para revertir el problema, lo cual se tradujo en el empeoramiento de la situación.
Hoy, con temperaturas normales, existe una peligrosa relación de empate entre la capacidad de producción de energía eléctrica instalada y los picos de la demanda. Cualquier extremo hacía arriba o abajo del termómetro rompe esa precaria equivalencia.
La política energética del gobierno nacional -las provincias poco pueden hacer al respecto- ha partido de un falso diagnóstico, que se limitó a fingir que las tarifas podrían continuar eternamente sin ser actualizadas, bajo el pretexto de la renegociación de los contratos con las empresas de generación y transporte.
Ha sido, además, errática la forma de procurar una salida. El ejemplo de la creación de Enarsa lo demuestra: parecía que iba a optar por llevar a manos del sector público la solución a la falta de inversiones privadas (por su baja rentabilidad), pero no tuvo más efectos que el de una ocasional señal (para muchos de amenaza) para el sector energético que pronto aceptó el esquema de inversiones que le ha planteado el Estado nacional.
Es con acreencias de las empresas generadoras sobre la administración central que se lleva a cabo la única respuesta de peso adoptada hasta ahora, es decir, la construcción de dos grandes usinas térmicas, una en el sur santafesino y otra en la provincia de Buenos Aires, que para el mediano plazo aportarán parte de la energía que la evolución económica demanda.
Medidas de emergencia como el cambio de horario durante los meses en que puede aprovecharse más la luz solar, tal como ocurre en la actualidad, fueron absurdamente pospuestas año tras año al solo efecto de negar la crisis. Como ahora ésta se admite sin recelos, se han puesto en práctica. Lo curioso es que son los mismos funcionarios de gestiones -otro rasgo de continuidad aún en la contradicción- quienes han opinado antes enfáticamente en contra y ahora con el mismo tono a favor de la decisión de adelantar el reloj, lo que ha permitido dispersar en tres horas (en lugar de una) el pico del consumo, ahora un poco menos puntiagudo.
La receta de culpar a los predecesores está agotada. Acaso sea una ventaja para que de una vez, las autoridades nacionales pongan al problema de la energía en nuestro país en el lugar de prioridades que se merece.
