Los gobiernos deben proveer, para que las políticas públicas se correspondan con los beneficios del cambio y liberen a la sociedad del costo de las inercias. Se juega la aptitud del estado para superar injusticias y para limitar las desigualdades (Jean P. Fitoussi: "La nueva era de las desigualdades"). La realidad muestra que el modelo dominante de gestión de las políticas públicas no representa un sistema basado en: la compatibilidad entre objetivos, la interdependencia de los contenidos y el horizonte de las mismas. La dinámica observable es empírica, con resultados contradictorios. Cuando se propone un modelo de acumulación inclusivo, omitiendo la relación ahorro-inversión, se desconoce el nexo entre el presente y el futuro. En el mismo sentido: �corresponde al Poder Judicial resolver la matemática de la seguridad social, o, porque no hay solución política para un renovado federalismo fiscal? Ciertamente, es tiempo de actualización teórica, de revisión de métodos y de contenidos normativos, secuencia inevitable para que los gobiernos remuevan las resistencias.

En las provincias, el cuadro es variado en impactos negativos sobre los equilibrios deseados. Desde el punto de vista económico, las políticas públicas responden a criterios dominantes de la administración financiera, relativamente a la política económica. Por caso, la gestación de los presupuestos públicos dista de observar los principios de integralidad, previsibilidad y de presupuestación por resultados. La realidad presenta formatos de gestión que activan la debilidad institucional del Estado. Así, en la formación de capital humano sobran restricciones para el crecimiento sustentable con competitividad dinámica inclusiva. Es el caso de la política pública educativa. En nuestra provincia, la historia oficial registra la sanción de la Ley 8.067 en 1977, creando el instituto becario para financiar becas en "todos los niveles de enseñanza" mediante un subsidio cruzado, con nulo compromiso de los recursos de rentas generales del Estado provincial. En democracia, actuaron quince ministros de educación hasta el 10 de diciembre de 2007. Aislando la dispersión estadística por períodos breves y por el único completo (1995/1999), diez ministros ejercieron 22.2 meses en promedio. En julio de 2003, el ministro Germano propuso al gobernador Reutemann, durante un ciclo menor que el promedio, su reformulación, lográndose la sanción de la Ley 12.187 en noviembre, siendo reglamentada burocráticamente cuatro años después. Pasaron 26 años, crisis recurrentes y un claro defecto de Estado, al punto de que la gestión de cuatro años desairó a quienes promueven la continuidad extendida de los cargos y logró aupar el registro de los indicadores de ineficiencia. El ciclo 2003/2007 será historia como importador de alfabetización, una falta de respeto a la docencia, y por su contribución significativa al refuerzo de la debilidad institucional tendencial del área en cuestión. Como ostentación de inercia, esta observación es reveladora y tiene correlato de largo plazo en espacios variados. Entre otros: la asignación de recursos para promoción social, el comportamiento de la inversión bruta fija, la promoción de la innovación, la vulnerabilidad financiera y la ausente intertemporalidad. Hay distancia conceptual con respecto al Estado actor de los equilibrios, en el sentido de Stiglitz. La demanda colectiva para todos los gobiernos es por el cambio con un paradigma renovado y en acción. La inercia resiste el cambio y habilita el sindrome que el historiador Robert Proctor llama agnotología.