El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, denunció "lo trabajoso y complicado que es iniciar y culminar los trámites de compra de un automóvil con los beneficios que establece la Ley 19.279, sobre discapacidad". De acuerdo con las quejas recibidas por la Defensoría, según exponen cada uno de los requirentes, "alcanzar este beneficio resulta ser una experiencia frustrante, tanto desde el punto de vista emocional como desde el económico de quien lo intenta".

En consecuencia, Mondino reclamó al Ministerio de Salud y a la Afip que "arbitren los medios necesarios para alcanzar una comunicación con el ciudadano con discapacidad, que permita otorgarle -en condiciones de mayor cercanía con sus domicilios- una información adecuada, debida, completa, clara y ajustada a las características del beneficio contemplado en la ley".

Un informe elaborado por esta institución señaló que "estas dificultades se acentúan en el caso de quienes inician este trámite vivan en el interior del país, por los obstáculos para establecer una comunicación activa con el organismo que es autoridad de aplicación".

"Debido a la distancia y la falta de agilidad en la comunicación con el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, los trámites se transforman en una gesta complicada, tediosa y perjudicial", concluyó la Defensoría.

Destacó que "formalizar los requisitos, aún en tiempo oportuno, no es sinónimo de culminar los trámites para acceder al beneficio legal". También cuestionó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por "su falta de operatividad, ya que la documentación que solicita va sufriendo cambios sobre la marcha del trámite, sin suficiente y clara información previa".

Según las denuncias recibidas por la Defensoría "es usual que se pida el cumplimiento de requisitos que ya fueron consumados por quien peticiona, lo que indicaría desprolijidad, procedimientos erráticos en el tratamiento de cada caso y una marcada ineficacia en la comunicación".

Por su parte, Mondino señaló que "garantizar el cumplimiento del espíritu del legislador en beneficiar sólo a personas que se vean afectadas por una discapacidad, en función de la esperada equiparación de oportunidades, no significa poblar de trabas el trámite, bajo el pretexto de aquella garantía". "La participación y el derecho a peticionar y tramitar lo pedido requiere de procedimientos claros, adecuados y responsables por parte de la administración. Brindar una información sencilla, accesible y completa debe constituirse en uno de los parámetros de conducta esenciales de la administración pública", sostuvo el ombudsman.

La Justicia Federal investiga a diplomáticos de unos cuarenta países en una causa por presunto "contrabando agravado" de automóviles bajo franquicia especial tras una denuncia penal de la Cancillería y de la Aduana.

"Lamentablemente, no contamos con buena predisposición de la mayoría de las embajadas para hacer un relevamiento del parque automotor que tiene cada dependencia diplomática", advirtió la fuente consultada que pidió anonimato.

La investigación involucra a funcionarios de embajadas europeas y latinoamericanas, además de representantes de organismos multilaterales.

"El tema es muy complicado, no tiene antecedentes en el país y de iniciarse causas contra diplomáticos, es la Corte Suprema de Justicia la que actúa", dijo la fuente, sin precisar qué funcionarios ni qué embajadas están siendo investigados.

La revisión de trámites de importación de vehículos bajo franquicia para uso diplomático permitió establecer irregularidades cometidas entre 2004 y 2007, en la entrega de permisos para ingresar al país vehículos libres de impuestos para uso diplomático.

La investigación motivó el lunes pasado una denuncia por parte de la Cancillería ante la Justicia Penal y el canciller Jorge Taiana separó además de su cargo al titular del Departamento de Franquicias de su ministerio.

Se sumó luego la Aduana que el martes presentó una denuncia por "contrabando agravado", con penas de entre 2 y 8 años de prisión, al sospechar que los diplomáticos podrían haber sido "partícipes necesarios" de la maniobra.

La causa quedó así en manos de dos juzgados, el primero, el del juez federal Norberto Oyarbide, y el otro, del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y deberá resolverse si la investigación avanzará por dos carriles o se unificarán los expedientes.

La investigación se inició en agosto pasado a raíz de una denuncia del Registro Automotor ante el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, (hoy ministro de Justicia), quien dio la alerta a la Cancillería, precisó la fuente.

El sistema de franquicias permite importar vehículos libres de impuestos, lo que representa un precio final 50 % inferior al de mercado.

Cuando una embajada quiere ingresar un auto, presenta una solicitud de exención de impuestos a la Cancillería que abre un expediente y envía la orden de ingreso a la Aduana. Pero, el titular del auto es quien debe retirar el automóvil de la Aduana, acompañado por un apoderado de su embajada.

De los 98 automóviles que investiga la Justicia sobre 960 que se importaron entre 2004 y 2007, al menos 18 no fueron patentados con chapas diplomáticas, por lo que se sospecha que terminaron siendo vendidos en el mercado local.

También resulta sospechoso que de los 960 autos que ingresaron en ese lapso, unos 445 entraron al país en 2007, dijo la fuente.

Según la auditoría interna de Cancillería, la lista de automóviles incluye 17 vehículos de lujo, como Porsche, Lamborghini, BMW y Audi, y unas 24 camionetas Hummer, algunos de ellos nacionalizados a poco de arribar al país.

La Aduana ordenó secuestrar los autos que intenten salir del país, "en la medida en que no tengan los papeles en condiciones regulares", dijo la fuente.

La Justicia prohibió preventivamente la salida del país de los vehículos cuyo trámite de importación está bajo sospecha.