Aunque la convocatoria a padres, instituciones civiles y a los propios alumnos a pintar las paredes de las escuelas de su comunidad suene algo pretenciosa, se corresponde con el ideario del signo político que gobierna la provincia. La participación entendida como compromiso de los ciudadanos con la construcción de un destino común, es parte esencial del pensamiento socialista.

El concepto de participación democrática tiende a considerar la política como el espacio de lo público, donde la injerencia es de todos y no sólo del sector que ejerce los cargos de gobierno. En consecuencia, nada más efectivo que requerir el involucramiento del ciudadano en un área básica como la educación.

La escuela es, quizá, el último bastión en lo que refiere al mantenimiento del respeto social hacia las instituciones del Estado. Lo sigue siendo a pesar de que en los últimos años ha experimentado una clara declinación en términos estrictamente educativos y no se ha salvado de sufrir robos, destrozos y hechos de violencia. Es que la escuela, más allá de sus debilidades y carencias, pugna por el rescate de valores humanos, la promoción de una cultura del respeto a los derechos de las personas, la integración social, el compromiso con el otro.

Una persona ejercerá su efectiva participación democrática de acuerdo con cómo fue instituido en el sistema educativo. Por eso, la convocatoria a pintar la escuela es un gesto simbólico, tendiente a que los alumnos, padres y docentes se sientan protagonistas del hecho educativo.

Pero también es una invitación a los agentes externos al sistema de enseñanza: a los clubes, asociaciones civiles, iglesias, grupos de jóvenes y empresarios a ejercer una participación constructiva. Ésta difiere de aquella que lanzó a la calle a los ahorristas con sus cacerolas en plena crisis de 2001 o a los paros reiterados de los sindicatos. Una es productiva, la otra es reactiva o de defensa ante los derechos vulnerados.

Habrá que ver cómo responde la comunidad a la convocatoria voluntaria del próximo 16 de febrero dado, que ahí no se pondrán en juego intereses individuales. Sí entrará en escena el bien común que supone que nuestros niños estudien en un ambiente medianamente digno, sin paredes derruidas o fachadas sucias.

De cualquier modo, la propuesta no deberá ser una fórmula recurrente por parte del gobierno, puesto que la responsabilidad del Estado en la educación es indelegable. En ese punto queda mucho por resolver, empezando por el estado deplorable de los 3 mil edificios escolares existentes en la provincia que no se solucionará con los 30 millones de pesos del Plan de Recuperación de Edificios Escolares.

Ésa es la función indelegable que le corresponde al Estado: la insoslayable inversión en infraestructura escolar, la readecuación de las condiciones en que los chicos y docentes dan clases, el mejoramiento de la calidad educativa, la inclusión en la diversidad y el acceso de todos al sistema.