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Buenos Aires (DyN)- El juez federal Norberto Oyarbide declaró hoy su incompetencia y remitió a la Corte Suprema de Justicia el expediente para que investigue a los 15 diplomáticos extranjeros y al grupo de funcionarios de la Cancillería sospechados por la importación de lujosos autos con franquicias impositivas.
Oyarbide aseveró que no se puede descartar que los embajadores involucrados en el caso se "conviertan en partícipes de las maniobras que se investigan", según consta en la resolución que le remitió al máximo tribunal.
La decisión fue tomada luego de que la Cancillería oficializara que siete de los 15 diplomáticos involucrados aún permanecen en funciones.
Según trascendió en fuentes judiciales, ellos son Francisco Bustillo Bonasso (Uruguay), Luis Mayra (Chile), Shuri Korchagin (Rusia), Ishtiaq Andraht (Pakistán), Larbi Refouh (Marruecos), Miryam Torres Segovia (Paraguay) y Aramis Fuente Hernández (Cuba).
En su resolución, además, el juez hizo hincapié en que los solicitantes debían remitir por escrito -planilla y nota al Ministerio de Relaciones Exteriores- los datos del auto y su destino, y recalcó que de los 98 casos analizados sobre el total de los permisos dados entre 2004-2007 "en prácticamente todos (78) aparecen involucrados funcionarios de Estados extranjeros con representación en nuestro país".
Al pasar, el juez se quejó por "el extravío de los registros de franquicias de los años 2004 a 2006 por parte de la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores", trascendió.
El caso estalló el 21 de enero pasado con la denuncia de la Cancillería tras una auditoría que confirmó irregularidades en "el circuito de ingreso, circulación y nacionalización de automotores ingresados al país con franquicia diplomática, afectados al uso de las misiones, representaciones y funcionarios y empleados, entre 2004 y 2007".
Los diplomáticos extranjeros gozan de inmunidad por la Convención de Viena y en consecuencia la Corte Suprema está obligada a pedir permiso para someterlos a proceso penal a sus países de origen o, en su defecto, cada uno de ellos debe juzgarlo ese investigan.
Si bien los funcionarios de la Cancillería no tendrían fueros especiales y debe ser el federal el encargado de investigarlos, fuentes judiciales indicaron que "a esta altura del proceso es imposible diferenciar entre los hechos atribuibles a diplomáticos extranjeros y a los funcionarios".
Si el máximo tribunal acepta el criterio de Oyarbide, es probable que delegue en el juzgado la instrucción de la causa, aunque impidiéndole tomar resoluciones sobre los diplomáticos.
Al respecto, Oyarbide aclaró que "si bien no existe de momento ninguna imputación sobre tales funcionarios extranjeros, lo cierto es que necesariamente durante la pesquisa será necesario profundizar la investigación respecto de su actuación, no descartándose la realización de estudios -tales como pericias caligráficas, químicas, tasaciones y otros- que exigen su convocatoria".
El resultado de estas medidas "no permite descartar que con el devenir de la investigación (los diplomáticos) se conviertan en partícipes de las maniobras que se investigan" y por lo tanto "la actuación del tribunal podría afectar la inmunidad prescripta", afirmó.
"Teniendo en cuenta que al menos algunos de ellos revisten en la actualidad el estado diplomático previsto por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional que prescriben la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, habré de declinar la competencia a favor del máximo Tribunal", selló Oyarbide en su escrito.
Al mismo tiempo, en el fuero penal económico el juez Marcelo Aguinsky, a cargo de una causa por posibles maniobras de contrabando de automóviles, prohibió el pasado viernes la circulación de 56 autos exclusivos marca Porsche y Hummer importados al país con franquicias, cuyos dueños ahora son ciudadanos argentinos, entre los cuales figuran personalidades vinculadas con el deporte y los negocios.