El incremento de la recaudación impositiva de enero de casi un 50 por ciento interanual fue, además de un motivo de satisfacción en el gobierno, un aliciente para la estrategia de consolidar el frente fiscal, en un 2008 que se presenta complicado en el plano internacional.

El buen resultado en materia de ingresos tributarios permitiría confirmar el éxito para este año de por lo menos uno de los dos superávits gemelos, descontándose que el "hermano" comercial no tendrá demasiados inconvenientes en el corto y el mediano plazo, precios de comodities en alza mediante. Sin embargo, y sólo en referencia al frente fiscal, hay varios elementos que inducirían a pensar que la buena performance no obedece a un modelo supuestamente exitoso sino más bien a una sucesión de parches en materia impositiva y previsional que impiden ver un escenario preocupante: a igualdad de impuestos y alícuotas, el panorama actual podría ser tan o más deficitario que el de hace una década.

En ese sentido, el superávit fiscal tendrá en 2008 dos sólidas muletas para sostenerse: los traspasos del régimen de capitalización al de reparto iniciados a mediados del año pasado y el incremento de las retenciones a las exportaciones de la soja, cereales, petróleo y sus derivados. Las nuevas muletas se suman a la interminable ortopedia impositiva y previsional que desde mediados de la década del '90 vienen utilizando diferentes gobiernos y que sus correspondientes sucesores critican pero no derogan.

El incremento del diez al once por ciento de los aportes previsionales de los empleados en relación de dependencia, la suba del 13 al 21 por ciento en la alícuota del IVA, el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, la modificación de la escala de Ganancias de la Cuarta Categoría, a los bienes personales, el impuesto al cheque, los derechos de exportación y el aumento de los porcentajes en los dos últimos son algunos de los ejemplos a tener en cuenta a la hora de referirse al resultado fiscal.

A ello correspondería sumar otro aumento no declarado: la inflación oficialmente no admitida y su incidencia en el incremento de la recaudación del IVA. Si fueran ciertos los datos oficiales, el IPC explicaría la cuarta parte del aumento interanual del 36 por ciento del IVA en 2007, de lo que se desprendería que las tres cuartas partes restantes obedecerían al crecimiento económico y una mejora tan espectacular en la eficiencia de la Afip como para concederle a Alberto Abad el Nobel de Economía.

Pero si se toma el índice que estimaron técnicos del Indec desplazados por la conducción del organismo, sería la inflación la "responsable" de las tres cuartas partes del aumento del IVA. Cuál de las dos posibilidades es la válida, es uno de los tantos dilemas que deja un Estado sin referencias estadísticas confiables.

Sólo por tomar en cuenta a una de las dos muletas de 2008, la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) estimó en su último informe que el traspaso de capitalización a reparto representó un ingreso de 7.814 millones de pesos a las arcas estatales. Si se excluyen esos recursos, la brecha entre los aumentos en ingresos y gastos fue de trece puntos porcentuales (33 a 46 por ciento, respectivamente). O, si se prefiere, "como consecuencia de este dispar aumento, el ahorro primario de 2007, en términos del PIB y bajo la detracción de los ingresos excepcionales, tuvo un retroceso importante respecto del año anterior", al pasar del 3,5 al 2,2 por ciento.

Una diferencia que preocupa aún más en el caso del resultado financiero, que pasó del 1,8 al 0,2 por ciento del producto. �A cuánto llegaría ese superávit si se excluyeran las restantes muletas? �O ya habría que hablar lisa y llanamente de déficit? Sería difícil de calcular en el caso del IVA, ya que una rebaja de 3 puntos porcentuales podría implicar una mejora en la actividad y, en consecuencia, no representar una caída equivalente en la recaudación. Pero la suma del impuesto al cheque y las retenciones (creaciones de los ex presidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde que Néstor y Cristina Fernández de Kirchner no dan la menor señal de repudiar) representan alrededor del veinte por ciento del total de los ingresos tributarios.

Una preocupación adicional vendrá del lado de las provincias, a raíz de la peculiar "división estatal del trabajo" que les asigna el rol de -a grandes rasgos- gastar sin recaudar. La complementación del régimen de coparticipación federal de impuestos y de las transferencias de servicios sociales determina que la principal responsabilidad de recaudación recaiga en la Nación, pero que sean las provincias las encargadas de pagar salarios a trabajadores de la Educación, la Salud y otros servicios sociales.

La aclaración no es para nada irrelevante ante el inicio de las discusiones paritarias, con una dirigencia gremial que, por los porcentajes de pedidos de aumentos salariales que se barajan, da por sentado que los números del Indec no se corresponden con la realidad. Los Estados provinciales, que en el consolidado de 2007 cerraron con las cuentas en rojo, deberán afrontar en 2008 el pago de incrementos salariales sin recibir el beneficio de la nueva carga impositiva y previsional.

Porque las muletas no se coparticipan. Dura realidad que no por casualidad coincide con el estrenado afán de gobernadores e intendentes por desprenderse de ñoquis. Habrá que negociar, entonces, con el gobierno nacional cómo instrumentar la necesaria asistencia financiera en cada caso. No es poca cosa en medio de los intentos por normalizar el justicialismo, un partido en el que los gobernadores tienen un peso como en ningún otro.