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Sergio Serrichio (CMI)
Guillermo Moreno, el polémico secretario de Comercio Interior, detenta el mismo cargo que tenía en el gobierno de Néstor Kirchner, pero es más poderoso que antes. No sólo sigue haciendo y deshaciendo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuyos índices de inflación podrían bien ser los precursores de una nueva disciplina, la estadística fantástica, sino que juega al desgaste del ministro de Economía, Martín Lousteau.
Moreno ya asumió en el invierno pasado el manejo diario del tablero energético, relegando al secretario del área, Daniel Cameron, a la función de asesor técnico. Ahora, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, acentuó su influencia, sobre toda materia económica. En su despacho se decide, por ejemplo, quién exporta y quién no, en función de cuán bien se porte en el mercado interno.
Tal es uno de los artículos de fe de lo que podría llamarse kirchnesianismo, una política económica pretendidamente keynesiana (por John Maynard Keynes, economista inglés que en el siglo XX desafió la sabiduría ortodoxa y recuperó el rol del Estado para influir sobre la marcha general de la economía, en especial en tiempos de crisis), que en verdad expresa una lógica esencialmente política: la concentración de poder.
Aunque el principal desafío de Moreno a Lousteau es mostrar que es él quien toma las decisiones importantes, la disputa más nítida volvió a plantearse en torno del Indec, igual que había sucedido con el ministro anterior, Miguel Peirano. Lo que hasta hace unos días era una sorda disputa en torno a la reelaboración de la metodología de cálculo de los índices de precios se volvió confrontación abierta, luego de la difusión de una carta enviada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la dirección del Indec, dándole a entender del modo más claro que se permite una burocracia internacional, que los datos oficiales de inflación son un burdo dibujo.
Aunque invoque la necesaria corrección de las estadísticas, es obvio que el Fondo defiende los intereses de los tenedores de bonos en pesos, ajustables por inflación. Esos bonos, cabe recordarlo, fueron emitidos en la renegociación de la deuda ejecutada por Roberto Lavagna durante el gobierno de Kirchner, con el objetivo de reducir todo lo posible la deuda en moneda extranjera.
Lo más interesante ha sido, sin embargo, la reacción oficial. La carta del Fondo no generó una reacción a caja destemplada de algún alto vocero del poder K, como hubiese sucedido en otro momento, sino que siguió los carriles burocráticos. Fue Ana María Edwin, la directora del Indec, que responde a Moreno, la encargada de la respuesta. Luego, el vicepresidente de la Nación, el ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos, una de las provincias que mantuvo más tiempo su rebeldía con el manejo oficial del Indec, salió a reiterar que, efectivamente, el gobierno está preparando una metodología de cálculo nueva, y que esa tarea está a cargo de Lousteau.
La realidad es más compleja. Mientras trabaja en su proyecto, el ministro se niega a avalar los cambios cosméticos que le quiere imponer, a paquete cerrado, Moreno, un supuesto subordinado suyo. Es la reedición de un clásico K: devidistas vs. albertistas. El secretario de Comercio Interior está identificado con el primer bando y el ministro fue una apuesta política de Fernández. Para empiojar más las cosas, Néstor Kirchner piloteó la vuelta a su redil del ex ministro y ex candidato presidencial Roberto Lavagna, con capacidad de supervisión desde las sombras. En otras palabras, el conflicto en torno del Indec, aunque haya terciado el FMI, es una interna política.
Los Kirchner -en particular, el ex presidente- disfrutan de ver cómo sus pollitos se picotean entre sí, para en cualquier momento laudar a favor de quien aconsejen las circunstancias. Ciertamente, esta vez la conveniencia no fue salir a vociferar contra el Fondo, porque eso se habría dado de narices con el reciente reacercamiento con el gobierno de Estados Unidos y la renovada intención de Cristina Fernández de comenzar a ejecutar una política exterior más activa y abierta, superadora de -aunque no contraria a- la amistad con Hugo Chávez. La presidenta incluso sopesa en estas horas un viaje a Gran Bretaña, para participar en abril de un encuentro internacional de partidos y gobiernos progresistas, el espejo en el que le gusta mirarse.
El ministro
del Interior, Florencio Randazzo, aseguró hoy que si el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, tiene "una preocupación real" por la seguridad de los ciudadanos, debe "tomar la decisión de tener su policía propia y, como el resto de las jurisdicciones del país, pagar su propia policía". El funcionario replicó así la advertencia formulada ayer por Macri, quien dijo que, si en treinta días el oficialismo no gestiona el traspaso de la Policía con su presupuesto, pondrá en marcha su promesa de crear una nueva fuerza para los porteños. "No tiene por qué Capital Federal tener privilegios con respecto al resto de las provincias argentinas", aseveró Randazzo a Radio del Plata, tras remarcar que el gobierno nacional "cumplió" con su promesa de derogar la Ley Cafiero.
Poco tuvo de progresista, sin embargo, el trato dispensado a la nutrida delegación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que Cristina recibió el jueves pasado en Casa de Gobierno. Ingenuos, los representantes de la CTA fueron a plantear sus banderas de una mejor distribución del ingreso, de reformas que busquen traducir el alto crecimiento asociado al modelo kirchnesiano con el principio de un proceso de desarrollo. Además, hicieron dos pedidos específicos: el ya viejo reclamo de reconocimiento de personería gremial, en oposición al monopolio de representación que detenta la Confederación General del Trabajo (GGT), y una solución para el personal técnico desplazado del Indec por resistirse a avalar la manipulación de las estadísticas oficiales. La respuesta fue de una inesperada dureza.
Cristina, sin embargo, no recibió a los gremialistas antiburocráticos y progres para escucharlos, sino para darles órdenes. En primer lugar, para impugnarles los paros docentes, tal vez el reclamo que mejor eco tenga en la sociedad argentina, pero también para dejarles en claro que eso de la personería gremial está muy lejos. Un tono muy diferente a la amistad empalagosa con el titular de la CGT, Hugo Moyano, que ahora busca canalizar el deseo oficial de paritarias a dos años, en un intento de meter por la ventana el pacto social del que la presidenta habló en su campaña y que luego desapareció hasta de los discursos. El esquema oficial se completaría con el amuchamiento de las más poderosas representaciones empresarias al calor de subsidios y crédito lo más barato posible.
Todo muy lindo, pero habrá que ver quién está dispuesto a pagar la cuenta, si antes el gobierno no atina a atacar en serio la inflación, en vez de negarla con dibujitos de kirchnergarten.