No quedaron dudas: el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de Energía (EPE) debe sufrir un ajuste. La diferencia es qué sectores deben pagar el incremento. Otra coincidencia, el Estado provincial viene apoyando con fondos del Tesoro a la Empresa. La diferencia es hasta cuándo y cómo.

La Cámara de Diputados invitó al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente a una reunión sobre la situación de la EPE y Antonio Ciancio concurrió con el presidente y vice del directorio de ese organismo, Daniel Cantalejo y Andrés Perotti, respectivamente. El primero fue la voz cantante en el encuentro, donde diputados justicialistas marcaron algunas diferencias y solicitaron que el incremento del 17 % que regirá a partir del 1º de marzo se aplique desde los 501 kilowatts de consumo bimestral en adelante; que se eleven los mínimos para jubilados y que el Estado se haga cargo de los casos sociales.

Cantalejo se limitó a señalar que iban a estudiar la propuesta, aunque el ministro Ciancio, al retirarse, dio por cerrada la discusión.

En las casi dos horas de reunión hubo intercambios de elogios políticos entre las actuales autoridades y el obeidista Mario Lacava, pero también hubo sutiles diferencias que se fueron expresando mientras duró el encuentro. Lacava, Silvina Frana, Luis Rubeo y Enrique Marín fueron los únicos justicialistas presentes. Todos pertenecen al bloque oficial del Frente para la Victoria. De los otros dos sectores de la oposición no fue ningún legislador. Sí estuvo el cavallerista Oscar Urruty. Por el oficialismo fue importante el número de presentes y el presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, tuvo que frenar el inicio de una abierta discusión con el justicialismo sobre las razones por las cuales hoy la EPE se encuentra en una "situación grave, crítica y con necesidad de detener ya el deterioro del servicio", a decir de Cantalejo.

Ciancio elogió la política de puertas abiertas de Luis El Halli Obeid en la transición, pero aclaró que el aumento anunciado ya estaba siendo previsto por el anterior directorio. No dejó de recordar que el ejercicio anterior cerró con un déficit operativo de 90 millones de pesos y con una proyección de 200 para el actual. "El incremento era una fruta madura que cayó por su peso" y subrayó que el objetivo es invertir 250 millones de pesos en los próximos cuatro ejercicios para tener una prestación normal.

Cantalejo, a su turno, dijo que la decisión de no haber aumentado las tarifas después de la convertibilidad originó un proceso de desinversión que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de calidad del servicio; inversiones por debajo de lo necesario, con un aumento importante del consumo por la recuperación económica; un obsoleto parque automotor e importantes pérdidas no técnicas. "El incremento es indispensable para recuperar la empresa y cumplir con el plan de inversiones previstos para los próximos años", afirmó.

Puso énfasis en que para avanzar en el régimen de calidad de servicio hacen falta equipamiento y tecnología, y aseguró que el incremento "no es un tarifazo, sino una medida responsable".

Pero, además, el presidente del directorio de la EPE pidió apoyo parlamentario para una serie de reformas legales a fin de atacar el hurto, como por ejemplo, que el inspector sea fedatario; agravar las penas para el empleado público que sea sorprendido en infracción; un tribunal de faltas para juzgar los casos detectados e incentivos para acompañar a las firmas que quieren realizar cogeneración de energía a partir del vapor. Sobre este punto, destacó la posibilidad que tienen muchos sectores industriales, que podrían aportar de 700 a 1.000 megavatios al sistema santafesino.

Lacava celebró que se hable en términos parecidos entre la anterior gestión y ésta; justificó la decisión de haber apelado al subsidio del Tesoro para no incrementar la tarifa y reprochó al actual oficialismo no haber acompañado a la gestión de Luis El Halli Obeid en la aplicación del llamado Puree, que era una política de premios y castigos según los consumos.

Cantalejo respondió que los incrementos no tendrán fuerte impacto en el sector industrial, salvo en la industria frigorífica. En la aceitera, el consumo energético es el 0,65 % del costo; en la automotriz, el 1 %, puso como ejemplos. Antes de retirarse, destacó que es necesario avanzar en el plan de inversiones para detener los cortes de energía que padecen los usuarios.

Mario Cáffaro