Tarjeta eclesiástica

Guillermo Villarreal (DyN)

La Iglesia acompaña la idea de pagar los planes sociales mediante tarjeta bancaria que propone el gobernador bonaerense Daniel Scioli, aunque discrepa sobre el rol que deben cumplir las "manzaneras", a quienes el mandatario busca erradicar y los organismos eclesiásticos se inclinan por darles una labor "más promocional".

Los obispos consideran que la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, debe imitar el cambio instrumentado por la provincia y acompañarlo con la universalización de los subsidios y la conformación de padrón único de beneficiarios.

En la cartera social se hacen eco de este reclamo eclesiástico y no descartan llevarlo a la práctica en el largo plazo, aunque allegados a la cuñada de la presidenta Cristina Fernández admiten que centralizar la información es "complicado, porque se entrecruzan intereses y falencias en la informatización.

"La tarjeta es un buen mecanismo para transparentar la ayuda social a los excluidos", declaran en Cáritas Argentina, el organismo que preside el obispo Fernando Bargalló. Carina Lupica, integrante del consejo directivo de la entidad caritativa de la Iglesia, aseguró que esa forma de pago "ayuda a bajar bastante el clientelismo político, ya que no son punteros quienes reparten los planes a su arbitrio, sino que hay un padrón de beneficiarios bien identificados a quienes se les entrega la tarjeta".

Sin embargo, la referente de Cáritas advirtió que la medida puede ser "apresurada", y objetó que sea 100 pesos el monto que el gobierno bonaerense pretende pagar a las familias, sin tener en cuenta la cantidad de hijos ni la composición del grupo familiar.

Otras fuentes episcopales reconocieron a esta agencia que implementar el sistema será un "desafío interesante" para el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, por entender que "no será fácil" distribuir una tarjeta bancarizada entre 750 mil beneficiarios, en su mayoría pobres que viven en asentamientos precarios sin un código postal adonde hacérselas llegar.

A pesar de esta sintonía, la Iglesia y el Gobierno provincial discrepan en el papel que deben cumplir 42 mil trabajadoras vecinales al ponerse en práctica el nuevo procedimiento.

Mientras que en la cartera social bonaerense aseguran que las manzaneras "ya no tienen razón de ser", desde Cáritas estiman que deben dejar de cumplir un rol meramente asistencial, para prestar un servicio de promoción humana.

"Las manzaneras son testigos sociales importantísimos, porque aportan solidaridad, seguridad y respuesta entre los vecinos. Con el nuevo sistema de tarjeta ya no entregarán un plan, sino que pueden pasar a controlar que los niños de las familias beneficiarias asistan a la escuela o se vacunen", explicó Lupica.

Para los obispos, los planes sociales "siguen siendo necesarios" en un contexto de inequidad "muy fuerte" como el argentino, aunque deben transparentarse para evitar el clientelismo político. También demandan un aumento del beneficio devaluado por la inflación, que desde plena crisis 2001-2002 no supera los 150 pesos.

Los prelados aseguran que, para que desaparezca la metodología clientelar, sobre todo en tiempos electorales, urge un cambio de paradigma tendiente a pasar de la "cultura de la dádiva" a la "cultura del trabajo, del empleo digno". No obstante, los referentes eclesiásticos consultados por esta agencia reconocen que es "difícil" desarticular el clientelismo, por dos motivos. Uno, porque es funcional a las necesidades de políticos en campaña, y el otro, porque la sociedad no reacciona para evitarlo.

La tarea de contención social es prioridad, según aseguran en la Iglesia, y exigen esa misma responsabilidad a todos los argentinos, gobernantes y sociedad civil. Tal como lo enfatizó hace una semana en Rosario el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto: "La preocupación fundamental de los argentinos debe ser el drama de la exclusión social. Ninguno de nosotros puede estar tranquilo mientras exista un solo hermano nuestro excluido, y muchísimo menos esta proporción de pobreza y excluidos del 30 por ciento, como lo marcan las cifras nacionales".