Si bien en la provincia de Santa Fe se logró iniciar las clases luego de intensas negociaciones, en el orden nacional alrededor de seis provincias optaron por la alternativa del paro. En todos los casos, los docentes expresaron su oposición a los aumentos otorgados por los gobiernos provinciales y, hasta el momento, nadie sabe con certeza cómo continuarán las negociaciones para que la meta de 180 días de clases se cumpla en todo el territorio nacional.

En la Argentina, el tema de la educación sigue sin resolverse en sus líneas fundamentales. Por un lado, los gobiernos dicen que más aumentos no están en condiciones de dar y, por el otro, los gremialistas docentes han hecho de la gimnasia huelguística la razón de ser de su existencia. En todos los casos, los perjudicados en estos forcejeos son los niños.

La gran ironía de todo esto es que todos los protagonistas del proceso educativo declaran de la boca para afuera su compromiso en favor de la educación. Al coro se suma, por supuesto, la sociedad civil, la misma que suele poner el grito en el cielo cada vez que se sugiere un aumento de impuestos para atender las necesidades de la educación.

Al primer golpe de vista, parecería que la contradicción entre gobiernos que se limitan a administrar la educación y gremialistas, más interesados en hacer de los maestros activistas sindicales que docentes profesionales, no tiene posibilidades de resolverse en el horizonte inmediato. La insensibilidad y, en más de un caso, la irresponsabilidad de los gobernantes se articulan con un activismo sindical que, a esa altura de los acontecimientos, persigue objetivos corporativos propios con independencia de la educación.

La crisis educativa es tan profunda que excede la relación entre gobiernos y gremios. Los analistas consideran que las nuevas pautas de consumo cultural de la sociedad civil también influyen en la crisis. El desastre de las llamadas reformas educativas, el predominio de la cultura audiovisual sin mediaciones que la contengan gravitan sobre el sistema educativo y sus consecuencias se manifiestan de manera descarnada en la calidad de la enseñanza.

La crisis de la familia tradicional más el agravante de las dificultades económicas que impactaron sobre el conjunto de las clases populares son también variantes significativas de la crisis, cuyas consecuencias no podrán resolverse de la noche a la mañana. La presidenta de la Nación reconoció, en su mensaje a la Legislatura, la seriedad de los problemas y hasta se animó a mencionar la subcultura de los paros como uno de los factores que atentan contra la posibilidad real de recuperar la educación.

Las dificultades que se avizoran hacia el futuro en este tema no pueden hacernos perder de vista que, si efectivamente la Argentina desea incorporarse al concierto de las naciones civilizadas en el siglo XXI, debe asegurar para sus habitantes altos niveles de educación. Mientras el sistema educativo no esté en condiciones de garantizar una calidad educativa semejante a la que reciben los educandos de países como Finlandia, por ejemplo, no habrá posibilidades de ingresar a los beneficios de la sociedades prósperas.