Ana Cristina Di Martino

Varias instituciones asociadas a las Naciones Unidas tienen por misión buscar soluciones internacionales para resolver los problemas sociales tanto de los hombres como de las mujeres de todo el mundo, procurando se ejerza la justicia social.

Su misión es ayudar a cada país con el objeto de alcanzar los siguientes beneficios:

-El pleno empleo, es decir, que cada uno tenga una ocupación satisfactoria y que al mismo tiempo sea útil para la colectividad.

-La elevación de los niveles de vida.

-La participación equitativa en todos los frutos del progreso en materia de salarios, de duración de jornadas de trabajo, etc.

-La igualdad de oportunidades tanto en el aspecto educativo como profesional y la posibilidad de que todos se beneficien de la formación profesional.

-La ampliación de la seguridad social.

-La protección de la infancia y de la maternidad.

-La protección contra las enfermedades y accidentes profesionales.

-La cooperación entre empleados y trabajadores.

La influencia de los sindicatos, la acción de los partidos socialistas europeos y la Revolución Rusa de 1917, son factores que impulsaron la aparición del constitucionalismo social, el que propugna la existencia de un estado activo, en contraposición al estado indiferente de las constituciones demoliberales, para que preserve al hombre de los efectos de las desigualdades económicas y sociales y los principios de la seguridad social.

Estos enunciados abarcarían a los trabajadores argentinos, tanto al hombre como a la mujer. La mujer trabajadora argentina fue integrándose al mercado del trabajo, suscitándose una valoración cada vez más relevante.

En el proceso de industrialización que generó una clase proletaria organizada se produjo en la mujer argentina una toma de conciencia que la hizo evaluar la explotación que puede recibir en su trabajo, y que la impulsa a modificar su vida familiar e independizarse de su rol tradicional. Hasta ese entonces, las patronales elevaban sus ingresos y beneficios a costa de la reducción de sus salarios, que correspondían a la mitad de lo que ganaban los varones por igual trabajo.

En 1904, el Dr. Juan Bialet Massé, del Departamento Nacional de Trabajo, recorrió el territorio argentino, a los efectos de verificar las condiciones en que se encontraban los trabajadores, documentándose que se percibía salarios bajos y desocupación, que indicaban un deplorable nivel de vida.

Refiriéndose a la mujer, el Dr. Bialet Massé dijo que la trabajadora era más discriminada y explotada, a pesar de ser reconocida como buena y de mayor presentismo en el trabajo.

Esta situación generó, a principios del siglo XX, un movimiento de protesta del Partido Socialista, lográndose que el Congreso dictamine una legislación para amparar a la mujer y a los menores.

Alfredo Palacios presentó ante el Congreso un proyecto que había sido elaborado por las dirigentes feministas Elvira Rawson de Dellepiane y Alicia Moreau de Justo. Entonces, se promulgó la Ley 5.291 que regulaba las condiciones de trabajo que, a pesar de su aprobación, rara vez fue cumplida. Los censos e informes de esa época registraban extensas jornadas de trabajo, condiciones insalubres y salarios miserables. Nada había cambiado.