Eduardo Cóceres (*)
El año 2008 ha comenzado con la triste novedad para los pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe de que el gobierno de Hermes Binner ha apostado a la continuidad de la política previsional que caracterizó a la gestión anterior.
La nueva administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que no es más que una misma expresión de esa continuidad, ha comenzado a contestar los reclamos tendientes a la aplicación de la movilidad jubilatoria con los mismos erróneos argumentos con que lo hicieran las anteriores.
En el artículo publicado en el diario El Litoral el pasado 10 mayo 2007 bajo el título "Movilidad y sustituibilidad previsional" habíamos expresado claramente que, a partir del fallo "Sánchez, María del Carmen c/ Ansés s/ reajustes varios", se había consolidado el criterio de que movilidad y sustituibilidad eran conceptos que se complementaban interactivamente, al reconocerse que la movilidad no es cualquier índice o coeficiente, sino aquel que garantice al pasivo mantener el mismo nivel adquisitivo de cuando se encontraba en actividad.
Es decir que esa tasa de sustitución, que es la que se fija al otorgarse el beneficio (72 % a 82 %), debe mantener su intangibilidad durante toda la vida del jubilado, por cuanto está expresada en la ley, y no puede ser reducida, salvo razones de interés general, que deben ser debidamente probadas. El voto de los ministros Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay en el citado fallo determina que es una exigencia directamente vinculada con el sistema democrático la de que el universo de intereses afectados por las leyes sea el tomado en cuenta en el proceso deliberativo previo y no el que pueda resultar de un mecanismo intelectual posterior a cargo de jueces y técnicos.
Las resoluciones de la Caja de Jubilaciones carecen de legitimidad por ajustarse precisamente a un mecanismo de interpretación caprichoso a cargo de sus técnicos y apartarse de la norma jurídica, que es precisa cuando expresa que la movilidad será equivalente.
"La ley fundamental reconoce derechos, lo hace para que sean efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un Derecho Humano, por cuanto de lo contrario debería admitirse que ella enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último" (voto del ministro Maqueda, en los autos citados).
