El accidente se define como algo imprevisto, algo que rompe con la sucesión previsible y lógica del acontecer. La pregunta, entonces, es si la tragedia de Dolores, debe ser ubicada en la categoría de "accidente" o si, por el contrario, lo sucedido de alguna manera entraba en la categoría de lo probable.
Corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades del chofer del colectivo y hasta dónde su accionar fue decisivo en el desenlace de la tragedia. En principio, da la impresión de que el conductor del colectivo no vio que las barreras estaban bajas y tampoco escuchó la chicharra que anunciaba el paso de un tren.
Los motivos por los cuales el chofer no se detuvo ante la barrera se están investigando. Su acompañante dijo que en ese momento estaba dormido, pero agregó que días antes la barrera funcionaba mal. Por su parte, el conductor, declaró que estaba físicamente agotado, que hacía alrededor de 48 horas que no descansaba y que en esas condiciones es probable que su capacidad para prever los riesgos de la ruta haya estado muy disminuida.
Una tragedia de estas características exige determinar las responsabilidades personales, pero también reclama del poder público un estudio a fondo del contexto en el que ocurrió el accidente.
Sin duda, es necesario sancionar las infracciones que se hayan cometido, pero a la vez se deben adoptar las medidas prácticas que reduzcan al mínimo la posibilidad de que se repita un hecho parecido. Un abogado diría que hay tareas que corresponden al Código Penal y otras al Código Civil. En todos los casos, de lo que se trata es de proteger el interés público y privado.
Por lo pronto, es un secreto a voces que las empresas de colectivos de larga distancia a menudo no respetan el régimen laboral establecido por la ley para los choferes. Cada vez que ocurre un accidente de este tipo, el problema sale a la luz. Los choferes no descansan o descansan mal, son sometidos a exigencias laborales inhumanas y en esas condiciones lo único que puede llamar la atención es que no haya mayor cantidad de accidentes.
Los sistemas de inspección del Ministerio de Trabajo funcionan mal o no funcionan. Los inspectores argumentan que es imposible controlar a todas las empresas de colectivos del país y que en ninguna parte del mundo este control se puede hacer extensivo a cada uno de los colectivos que sale de la terminal de ómnibus.
Por su parte, los empresarios aseguran que cumplen con la ley, aunque abundan los testimonios contrarios. El trabajo en negro, la corrupción y las rutinas permisivas pasan a ser lugares comunes de la actividad. En general, empresarios y trabajadores se justifican pensando que, a pesar de todo, del cansancio, del abuso horario o de las malas condiciones de los vehículos, lo peor nunca va a ocurrir.
Esa coartada moral de los infractores es muy eficaz para reproducir la ilegalidad. Los empresarios de Cromagnon -por ejemplo- pensaban que nunca iba a pasar nada; el automovilista que viola las reglas de tránsito también supone lo mismo. Cada una de estas debilidades humanas puede entenderse. Lo que no se justifica en ningún caso, es que sea el Estado quien caiga en esa debilidad.