No podrán ser vigiladores quienes pertenezcan a la Policía o hayan sido exonerados de la fuerza por la comisión de algún delito. Deberán capacitarse y no todos podrán portar armas. La agencia que no cumpla con los términos de la ley, será sancionada con multas o hasta con la inhabilitación.
Frente a la proliferación de agencias de seguridad privada a lo largo y a lo ancho de la provincia, y ante la ausencia de una legislación sobre el particular, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI) presentó un proyecto de ley para regular la actividad de estas empresas y servicios de custodia.
"El número de agentes de seguridad privada a veces supera el número de policías. Como en Rosario, donde hay 5.600 vigiladores y 4.500 agentes de la institución policial", explicó la legisladora, en conferencia de prensa.
Para la diputada, es una obligación del Estado regular estos servicios sin delegar funciones, y teniendo en cuenta que muchas veces se aprovecha la falta de control para la contratación de trabajo en negro.
"Pero hay otro dato preocupante sobre el que se debe legislar -alertó Gutiérrez-, porque muchas veces los vigiladores y hasta quienes revisten en la Dirección de Agencias de Seguridad Privada, son personas que pertenecen a la policía o fueron exoneradas de la misma por algún delito". A modo de ejemplo, recordó el caso de Rubén Fariña, acusado por delitos de lesa humanidad que integraba la empresa Seguban, y a quien se le quitó luego la habilitación pero por otros requisitos incumplidos, y no por los delitos que había cometido.
"Tengo entendido que también (Mario) Fasino habría ejercido la dirección técnica de una de estas agencias, y hay personas vinculadas con violaciones o casos de gatillo fácil en diferentes ciudades del país", explicó.
La regulación
El proyecto prevé dos categorías de servicios: los que portan armas y los que no. En la primera, se incluyen custodias de personas, mercaderías en tránsito y en depósito, es decir, quien tiene por objeto el acompañamiento, escolta o protección de personas y/o bienes en la vía pública y en los lugares en que éstos se depositen, por ejemplo, los camiones de caudales. En la segunda categoría (los que no portan armas), se encuentran quienes realicen custodia, seguridad y portería en locales bailables, confiterías y espectáculos en vivo y en otros lugares destinados a la recreación. También, quienes realicen vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
"Estas armas no sólo tendrán que estar autorizadas, sino registradas para uso de varias personas y claramente estipulado el horario en el que será utilizada para poder tener un control específico sobre esto", explicó la diputada.
Otro apartado del proyecto prevé la capacitación del vigilador. "Para nosotros debe existir un curso especial que tenga en cuenta el respeto a las normas de la democracia y a los derechos humanos; también, formación en primeros auxilios y defensa personal, pero todo con fuerte hincapié en el respeto a la democracia", enfatizó.
La autora plantea la existencia de lugares públicos o privados que garanticen esta formación, pero que estén controlados por el Estado y con la exigencia de una formación permanente.
Sanciones
Según explicó la diputada, el proyecto prevé también incorporar modificaciones al Código de Faltas para establecer sanciones monetarias y hasta rescisión de la habilitación, a quien no cumpla con las habilitaciones y con los registros de utilización de armas de fuego y de las personas.
"A diferencia del decreto presidencial de 1999, firmado por Carlos Menem, que establecía que todo esto era información secreta, nosotros proponemos que esto tiene que ser abierto y que cualquier persona que lo desea puede solicitar y retirar el listado de las empresas y de las personas que trabajan en las agencias de seguridad", detalló Alicia Gutiérrez.
Por otra parte, se prevé una estricta subordinación; en ningún caso el vigilador podrá ejercer por sí mismo fuera del ámbito donde está vigilando, un hecho que signifique reemplazar a la fuerza policial. Sí, debe dar aviso inmediatamente a la Policía. "Están totalmente subordinadas al poder de policía que ejerce el Estado provincial", precisó.
La legisladora dijo que acercará esta propuesta al ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, quien también había anunciado la remisión de un mensaje a la Legislatura, para regular el funcionamiento de estas agencias.
Reproche
La diputada Alicia Gutiérrez recordó que recurrentemente solicitó durante las gestiones anteriores, un entrecruzamiento de datos entre los policías exonerados, represores o personas acusadas de delitos de lesa humanidad, con el padrón de agentes de vigilancia privada para detectar posibles coincidencias. "Yo reclamé esto constantemente, sobre todo, durante el gobierno anterior, pero nunca se hizo", se quejó.
Entre legisladores y funcionarios
Desde las 8 de la mañana y hasta las cinco de la tarde de ayer, se realizó una reunión entre legisladores del Frente Progresista, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo. También asistió el gobernador Hermes Binner.
"El objetivo fue intercambiar el trabajo que se está haciendo en cada ministerio, y ver cómo se conforman los nodos en la provincia para intercambiar opiniones con los diputados y senadores", contó Alicia Gutiérrez.
Según dijo, la pretensión es que todos estén interiorizados de lo que está haciendo el otro y cómo se trabaja en los ministerios, a partir de las características propias de cada región.
"En el nodo Santa Fe, por ejemplo, que es en el que me tocó trabajar sobre los aspectos socioinstitucionales, ambientales y económicos, se conversaron temas tales como la prioridad de la seguridad, educación y salud; el tema del agua, el cuidado que se debe tener de estos recursos como bienes a conservar para las futuras generaciones y que en el caso de esta ciudad, particularmente, tiene que ver con el saneamiento a través de cloacas y desagües", relató.
La legisladora calificó como "muy importante" esta metodología de trabajo que permite el intercambio, y comentó que la idea es hacer este tipo de jornadas de manera periódica. "Esto recién empieza, y seguramente va a generar alguna resistencia pero creo que son más las ventajas. Cuando los presidentes comunales e intendentes entienden esta dinámica de trabajo, la mayoría adhiere al sistema", comentó.