El juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi, protagonista de una dura polémica con el ex presidente Néstor Kirchner por las causas de derechos humanos, renunció a su cargo, según informaron hoy fuentes judiciales.
La dimisión de Bisordi, quien meses atrás había dejado la presidencia de la Cámara, tiene fecha 31 de marzo, pero hay que esperar si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la acepta: en caso de que no la admita, el juez seguirá siendo sometido a un juicio político promovido por el oficialismo.
En enero pasado, el polémico juez ya había anticipado su intención de renunciar a su puesto a partir del 18 de febrero último, cuando cumplió 60 años.
La renuncia de Bisordi es el colofón de un duro cruce verbal con Kirchner, que se inició el 23 de marzo del año pasado, cuando en su discurso durante el acto por el 31º aniversario del último golpe militar el ex mandatario exigió a la Justicia celeridad en los procesos a represores acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.
"¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados por años juicios que deberían estar en marcha?", se había preguntado Kirchner, sin dar nombres, durante el acto desarrollado en el centro clandestino de La Perla, en la provincia de Córdoba.
Dos días más tarde, como presidente de Casación, Bisordi le respondió a Kirchner, a quien acusó de pretender "la suma del poder público". Y aseguró que en los 40 años durante los que trabajó en la Justicia jamás había visto una "intromisión en la labor de los Tribunales".
La respuesta del juez desató una polémica, que tuvo su punto culminante con el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, promovido por representantes del oficialismo, especialmente por la presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación de ese cuerpo, la diputada kirchnerista Diana Conti. Bisordi acumuló varias acusaciones, especialmente la de la Liga por los Derechos del Hombre (Ladh), que patrocinada por el abogado Rodolfo Yanzón y en representación de 61 querellantes en juicios a represores presentó hace un año una denuncia ante el Consejo contra los miembros de Casación -especialmente, los de la Sala IV- por demoras presuntamente deliberadas en los procesos. La denuncia alcanzó a los camaristas Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Entre los juicios demorados se mencionó la investigación del denominado Plan Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras sudamericanas de los años 70.
Ya en 2004 los organismos de derechos humanos habían pedido su destitución y, en esa oportunidad, el juez calificó a Graciela Daleo, una ex detenida desaparecida, como "una delincuente terrorista", y al abogado Yanzón, como "ex defensor de criminales".
También la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había pedido el juicio político de Bisordi porque, al revisar un fallo contra tres skinheads por golpear a un joven al grito de "judío de mierda", consideró que no era una expresión hostil contra los judíos, sino un `grito de guerra' utilizado por los agresores.