Sergio Serrichio (CMI)
En la semana que pasó, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dio el gusto de anunciar que las reservas del Banco Central habían superado los 50.000 millones de dólares y el Indec oficializó dos "anticipos" presidenciales: que el PIB creció en 2007 por quinto año consecutivo al todavía tórrido ritmo del 8,7 por ciento, y que en enero el crecimiento fue de un sorprendente 10,2 por ciento, la tasa de crecimiento interanual más alta desde mayo de 2006.
En materia política, el gobierno tiene el terreno absolutamente despejado. El Congreso refrenda casi sin dilaciones las iniciativas que le envía el Ejecutivo. Y la normalización del PJ, versión kirchnerista, está definitivamente encaminada, más allá de las impugnaciones al Congreso justicialista intentadas por los hermanos Rodríguez Saá en nombre del peronismo arcaico.
Las cifras y anuncios de la bonanza económica se produjeron en la misma semana en que comenzó el enfrentamiento más duro con el campo, cuyas entidades representativas lanzaron un paro sectorial que se estirará, contando los feriados, hasta el 25 de marzo y agravará los ya indisimulables problemas de abastecimiento que se registran en sectores en algunos rubros alimenticios y también en combustibles y otros bienes básicos.
El origen de este choque, del que depende en gran medida el futuro del ministro de Economía, Martín Lousteau, fue la decisión oficial de elevar las retenciones a las exportaciones agrícolas a niveles tales que implican, en la práctica, que el Estado se queda con la mitad de lo que venden al exterior. Para llegar a semejante promedio, el ministro y su equipo diseñaron un esquema de retenciones "móviles" con tasas impositivas que en los tramos más altos son directamente confiscatorias.
Si los precios de las materias primas, cuya alza tanto ha beneficiado a la economía argentina en los últimos cinco años, más allá de sus contraindicaciones en la forma de presiones sobre el precio de los alimentos, siguieran subiendo -algo que a esta altura nadie se anima a descartar, aunque los valores ya estén en la estratósfera-, podría darse el caso de que los productores pierdan todo incentivo para producir y vender más. ¿Qué sentido tendría si el Estado se queda con el 95 por ciento del excedente?
Fue el primer "paquete" diseñado por el atribulado Lousteau, quien no ha logrado aún dominar a su secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y asegurarse el control del convulsionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), paso esencial para comenzar a pergeñar una política antiinflacionaria diferente del vudú morenista-kirchnerista.
El problema es que, aunque la lógica de las "retenciones móviles" pueda lucir bonita en los textos de teoría económica, Lousteau procedió cual elefante en un bazar e ignorando la larga lista de agravios y pendencias que la gestión kirchnerista ha acumulado con el campo en sus casi cinco años en el poder.
El nuevo manotazo fiscal sobre el campo no se explica por la necesidad de contener los precios internos -justificación que en todo caso ha sido despojada de eficacia- ni por el novedoso argumento oficial de que se busca detener el proceso de "sojización" del campo argentino.
Lo que el gobierno busca a toda costa son crecientes recursos fiscales, porque los necesita para comprar con dinero soluciones que no le puede proveer su alarmante falta de ideas. En esa cuenta, se incluyen subsidios de todo tipo (de los cuales el ejemplo más conspicuo es el de los destinados al sector transporte), "compensaciones" alimentarias, compra de combustible y energía del exterior y costosas soluciones "urgentes" (por caso, generadores móviles de energía, o uso de combustibles no del todo adecuados en las usinas que se inaugurarán este año) forzadas por la falta de previsión y la negativa a reconocer los problemas.
Los gobiernos K (el anterior y el actual, que son básicamente lo mismo) han logrado transmitir a gran parte de la sociedad la idea de que se trata de gestiones ejecutivas y eficaces. Esa noción será crecientemente examinada en los próximos meses y años. Por el momento, en aquellos aspectos que dependen directamente de la acción gubernamental, como la obra pública, la evidencia apunta hasta ahora a todo lo contrario.
La Argentina de los últimos años ha crecido básicamente a partir de la actividad privada, en un contexto internacional altamente favorable, una política económica que en todo caso azuzó el crecimiento estimulando el consumo y un fisco que se mantuvo en superávit gracias a una especialidad del kirchnerismo: recaudar dinero y usarlo para apuntalar su poder. De ahí derivan dos puntales del modelo oficial: el superávit comercial, producto de las acciones privadas, y el presupuestario, resultante de la capacidad del fisco de gravar una parte importante de los ingresos y gastarlos a un ritmo algo inferior al que se generan.
El nuevo manotazo al campo es también unitarismo fiscal recargado. Gracias a las cosechas récord, el peso devaluado, los precios internacionales por las nubes y las retenciones por el cielo, el gobierno ha logrado el prodigio no sólo juntar cada vez más dinero, sino que una proporción cada vez más alta del mismo esté a su exclusivo arbitrio.
Mientras en los malhadados 90, las provincias recibían, por ley y en forma automática, el 46 por ciento de la recaudación fiscal, este año esa proporción podría caer por debajo del 30 por ciento. Es cierto que se trata de una masa de recursos acrecida y que las provincias reciben fondos para obras y otro tipo de recursos "no automáticos". Pero lo esencial es que los aproximadamente 16.000 millones de dólares de diferencia son manejados con lógica político-dineraria: el que tiene la plata (esto es, el gobierno nacional) manda; el que la necesita obedece. O, cuanto menos, evita patalear en público.
La concentración del dinero y del poder político, sin embargo, no garantiza el éxito del modelo oficial. La pelea con el campo en medio de tantos récords es un ejemplo. La inflación es otro. Un problema que, al revés de los demás, no se puede solucionar con dinero. Peor aún, ésa puede ser la forma más segura de agravarlo.