De la redacción de El Litoral
La mayoría de los ministros de la cabeza del Poder Judicial en nuestro país tiene posición tomada en contra de las legislación que considera un delito la tenencia de drogas en pequeñas cantidades y para consumo personal, sostiene en su edición de hoy, el diario Clarín.
El matutino recuerda que "como ocurrió hace veinte años con la legitimación del divorcio, o recientemente con el restablecimiento de la movilidad de las jubilaciones, la Corte Suprema está cerca de anticiparse al Congreso en otro tema de trascendencia: la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal".
"El caso que estudia la Corte, que se hizo público la semana pasada, tuvo en estos días una vuelta de tuerca: ya son dos los jueces que tendrían listos sus votos, y al menos otros dos estarían de acuerdo en apoyar el planteo, lo que ya constituye una mayoría", agrega.
Tras indicar que la decisión de la Corte todavía no tiene fecha de votación, el diario capitalino subraya que ésta "sería complementaria de la posición del gobierno sobre la legalización de la tenencia de drogas para consumo personal, que consiste en no sancionar penalmente al consumidor sino en llevarlo al sistema de salud, y optimizar así la persecución judicial de los vendedores de estupefacientes".
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, junto a un comité asesor integrado por académicos, funcionarios judiciales y juristas elabora un proyecto de ley. Su coordinadora es la fiscal Mónica Cuñarro, quien explicó que "no se trata de fomentar el consumo personal, sino de trabajar en la reducción de daños".
El gobierno oficializó su postura el 10 de marzo, cuando el ministro anunció en una reunión de Naciones Unidas, en Viena, el replanteo de la política de penalización del consumo. La iniciativa cosechó varias críticas en el país y el gobierno aclaró que no apunta a fomentar el consumo.
Según el informe que publica Clarín, el 47 % de las causas judiciales vinculadas con la problemática de las adicciones con sustancias prohibidas recae sobre consumidores, que fueron sorprendidos con pequeñas cantidades en su poder.
El diario explica que en todo el país se iniciaron 27.180 causas durante 2006 por violación a la ley de drogas. Sobre esa cifra, nada menos que 12.800 fueron por la figura de "tenencia para consumo".
La enorme mayoría de los consumidores y adictos pudo lograr que el trámite judicial en su contra pase al archivo. Solamente 204 causas por tenencia fueron a juicio (225 procesados estuvieron presos), pero hubo apenas 3 condenas.
Se estima que un 3 % de la población argentina de entre 15 a 64 años consume marihuana, y que el 0,3 % de ese grupo se intoxica con cocaína. Del mismo modo: 0,1 %, lo hace con éxtasis y el 0,6 % con anfetaminas.
En 1978, durante la dictadura, la Corte estableció que era constitucional sancionar la tenencia de drogas para uso personal. En 1986, ya recuperada la democracia, el máximo tribunal cambió de criterio y declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades. Pero en 1990, durante el gobierno de Menem, el tribunal, con otra composición, retomó el criterio de penalizar la tenencia.
"La discusión por la despenalización de la droga no es nueva, no sólo se ha instalado a nivel legislativo sino también a nivel jurisprudencial. Hay un viejo fallo de la Corte, el caso Bazterrica, que ya había considerado que había que despenalizar la droga que correspondía al consumo personal en función de que es un acto que incumbe a la vida privada y la Constitución protege la intimidad, siempre y cuando no se involucre a terceros", indicó el ministro de Justicia santafesino, Héctor Superti, cuando el tema fue llevado a primer plano por el Aníbal Fernández, cuando presentó un proyecto relativo a la tenencia para consumo personal.
"Yo adhiero al fallo Bazterrica, que no es despenalizar el tema de las drogas, sino simplemente, en el ámbito íntimo de cada uno, que el Estado no se meta. Esa es la discusión que está instalada. El tema de la droga es muy delicado y, en definitiva, la víctima es el consumidor, por lo que el tema es muy difícil", acotó.
Superti también aseguró que "están los que dicen que la droga para consumo personal es un problema de cada uno y, por lo tanto, el Estado no puede inmiscuirse en ese ámbito y menos sancionar. Y están los que dicen que, por la naturaleza de este tipo de problemas, el consumidor luego puede transformase en traficante; y en el caso de que una persona cometa un delito bajo influencias de la droga, se termina la intimidad y empieza el tema y los intereses de terceros".
Por su parte, Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, reconoció que es un debate que puede ser abordado de distintas perspectivas, pero aseguró que la postura de Aníbal Fernández cuenta con un "respaldo muy importante" de los ámbitos científico y judicial y con "antecedentes de la Corte Nacional".
En cuanto a ese punto, indicó que la Corte anticipó que la mayor parte de la doctrina dice que la penalización al consumidor afecta gravemente las garantías constitucionales del artículo 19.
Para el juez Erbetta, este es un asunto "vinculado a la salud", donde la intervención penal "no soluciona nada" y afirmó que "no hay demostración científica" de que la despenalización aliente el consumo.
Manifestó en ese sentido que la prohibición puede funcionar como un "potenciador de la curiosidad" y que, además, la prohibición puede ser "funcional" al narcotráfico, ya que hace las veces de "regulador de precios de un mercado ilegal". Es un tema que "hay que sacar del ámbito penal", enfatizó.