Los crímenes cometidos por la Triple A entre 1974 y 1976 pueden ser declarados imprescriptibles y sus responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia. Los fallos judiciales y la extradición de Almirón, uno de los principales operadores de la banda lopezreguista, se inscriben en esa dirección. Las indagaciones pueden llegar a comprometer a algunos funcionarios de entonces y a la ex presidenta Isabel Martínez.
Se sabe que con la recuperación de la democracia existió un pacto tácito de investigar las atrocidades cometidas por la dictadura militar y disimular con un prudente manto de silencio los crímenes de las Tres A. Las razones que justificaban ese pacto tácito eran muy prácticas: se priorizaba la crítica a los militares y se trataba de no avanzar con lo ocurrido antes del golpe de Estado para no comprometer al peronismo.
Recientes investigaciones históricas coinciden en aceptar que si bien no existió ninguna orden firmada por Juan Domingo Perón, autorizando el funcionamiento de esa organización terrorista, también se sabe que López Rega jamás hubiera podido organizar una banda tan poderosa con el desconocimiento o el desacuerdo de su líder.
Isabel Martínez se defiende a través de sus abogados diciendo que ella era una mujer que carecía de experiencia en el poder y, por lo tanto, no podía controlar a los matones y criminales organizados desde el Ministerio de Bienestar Social. Atendiendo a las relaciones existentes entre Isabel y López Rega y admitiendo, hasta que alguien demuestre lo contrario, que se trata de una mujer con el dominio absoluto de sus facultades, resulta poco creíble, por no decir disparatado, suponer que ella ignoraba la existencia de esa máquina de muerte.
Las investigaciones de los crímenes de la Triple A abren otro debate. En el país se sostiene que los crímenes de lesa humanidad sólo pueden ser cometidos por organizaciones que cuentan con el apoyo del Estado o han sido organizadas desde el Estado. La Triple A efectivamente funcionó en los entresijos del Estado, pero habría que preguntarse si algunas operaciones de Montoneros no contaron, también, con el apoyo del Estado.
Otros juristas se preguntan si los terroristas que fueron adiestrados en Cuba o Checoslovaquia no merecen ser incluidos en la figura jurídica de crímenes de lesa humanidad, en la medida en que actuaron de manera organizada y sistemática y contaron con el respaldo operativo de otros Estados. El tema es polémico y reclama un debate.
En recientes declaraciones, el ex fiscal Moreno Ocampo señaló que los crímenes de lesa humanidad no necesariamente deben contar con el apoyo del Estado. Para el jurista, la agresión contra la población civil alcanza para encuadrar estos actos en esa figura. Al respecto, se pregunta cómo debería calificarse el atentado contra las Torres Gemelas o el operativo terrorista en la madrileña estación de Atocha.
Al respecto hay que decir que la Unión Europea lo tiene claro. Cuando el método es el terror y el resultado es la muerte de personas, el crimen es de lesa humanidad, se lo ejecute desde el Estado o desde el llano.