Hace veinte días que los argentinos analizan las cifras y la proyección del sector agroindustrial. En la discusión está en juego una mirada de largo plazo, que logre consensuar un plan en serio que consolide el crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental
GASTÓN NEFFEN [email protected]
Una consecuencia interesante del histórico paro agropecuario es que obligó al gobierno a a sacar una radiografía mucho más precisa del sector, y a toda la sociedad a debatir el tema del campo.
Es cierto, hubo excesos y chicanas. Pero también fue decantando el tema de fondo. En los canales de televisión, en los bares y en las rutas; los argentinos hablaron de la soja, de los pools de siembra, de la carne y de la leche. Discutieron sobre sustentabilidad ambiental, soberanía alimentaria, trabajo en negro y redistribución de la riqueza.
Este debería ser el primer paso para pensar un plan de mediano y largo plazo que oriente un desarrollo integral y sustentable de toda la cadena agroindustrial.
El martes pasado -acorralado- el ministro de Economía Martín Lousteau bajó dos cambios y explicó que en el campo no son todos iguales. "Esta clarísimo que hay que diferenciar al pequeño productor", aseguró; veinte días después de haber lanzado un esquema de retenciones móviles que no hacía diferencias.
Luego, presentó las cifras oficiales sobre cómo se distribuye las porciones de la torta sojera. El ministro dijo que el 20% de los productores cosechan el 80% . Y enseguida aclaró que en realidad el negocio está más concentrado.
El 2,2% de las 400.000 explotaciones agropecuarias que hay en el país generan el 46% de las cosechas récord de la oleaginosa. Del otro lado hay 61.500 pequeños y medianos productores que sólo se quedan con el 20% de la torta.
Este es el cálculo central que usó el gobierno para anunciar el reintegro automático del porcentaje adicional de retenciones a estos últimos productores, y otras medidas compensatorias como el pago de los fletes a los agricultores que están lejos de los puertos.
Pero con estas medidas, el gobierno no se sacó "el problema de encima". El jueves, las entidades del agro y los productores autoconvocados anunciaron una tregua pero aclararon dos cosas. La primera es que van a estar muy atentos para controlar que los reintegros se cumplan (y el resto de las medidas).
El segundo punto tal vez sea todavía más importante. Dijeron que en las reuniones que se realizarán durante estos treinta días, también deben encararse los problemas que estancan a la ganadería, concentran la producción lechera y afectan a los cultivos y economías regionales.
Mucho más que las retenciones
En realidad, la agenda es más amplia.
Se puede comenzar con la infraestructura. En los últimos treinta años, la cosecha argentina se triplicó (de 30 a más de 95 millones de toneladas) pero las rutas siguen siendo más o menos las mismas y el ferrocarril sólo transporta el 14% de la soja, el maíz y el trigo. Los camioneros que estaban parados al costado de los piquetes mueven el 85% de los granos.
Los contratistas necesitan que las rutas productivas y los caminos rurales están adaptados para que sus cosechadoras y sembradoras puedan transitar sin peligro. Los productores y acopiadores quieren un rol más activo de los trenes y barcazas para ser más competitivos. Y todos reclaman autovías y autopistas para que bajen las cifras de accidentes y muertes en las rutas.
La situación laboral es otro punto que preocupa. En el campo se estima que trabajan 1.300.000 personas y sólo están registradas 325.000, el resto en negro. Encima, el año pasado, el ingreso promedio de los trabajadores en blanco fue de 1.100 pesos mensuales (800 menos que el promedio nacional).
También hay trabajo infantil. Según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna, 2004), trabaja el 8% de los niños que viven en el campo y tienen entre 5 y 13 años.
La encuesta registró que sólo en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa y Chaco, hay más de 15.500 niños que tienen ocupaciones concretas en zonas rurales.
La agenda ambiental también necesita soluciones de fondo. Santa Fe puede ofrecer dos ejemplos. El Ing. Miguel Pilatti demostró que los suelos santafesinos perdieron nutrientes y capacidad para absorber agua de lluvia (por malas gestiones agronómicas y por la falta de políticas de ordenamiento territorial).
Y en el norte de esta provincia, los pequeños productores confirman que en su región es más sustentable hacer ganadería, conservando el monte como propone el Ing. Antonio de Petre, o cultivos regionales como el algodón y la caña de azúcar, que apostar todo a la soja (que ahora, argumentan, es la única actividad que les deja una rentabilidad razonable).
Siempre dicen que las crisis son oportunidades. En este caso, el gobierno tiene una muy buena. Aprovechar el viento de cola -la excelente cotización mundial de los granos- para consensuar un plan agroindustrial que consolide el crecimiento argentino con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Este es el desafío, y parece que para resolverlo va a haber que ser mucho más capaz de articular consensos y que de generar divisiones.