Debieron pasar 21 días para que el gobierno y un importante sector de la población argentina entendieran la importancia que tienen el sector agrícolo-ganadero y las distintas economías regionales en la vida económica de nuestro país. Debió producirse este fuerte choque entre un gobierno que se considera todopoderoso y los productores para que se entendiera con todas las letras la necesidad de refederalizar el país, con la consiguiente discusión -en serio- de un sistema equitativo de reparto de fondos que permita el desarrollo armónico de todo el país, con reglas -una nueva ley de coparticipación- claras y no dependiendo del humor del gobernante de turno.
Llevar las retenciones a determinados productos a niveles confiscatorios fue la gota que colmó la paciencia de productores que vienen clamando desde hace mucho tiempo por políticas activas para lechería, ganadería e, incluso, para el desarrollo agrícola.
Fue necesario que el campo paralizara el envío a las ciudades de los alimentos básicos para que se entendiera la importancia de un sector que se desarrolló pese a las adversidades climáticas, a la carencia de una infraestructura acorde y a gobiernos que, en muchos casos, atentaron contra el crecimiento. Sin embargo, nada los detuvo. No hubo políticas para tal o cual sector, se buscó la oportunidad desde otra producción y, así, hoy el país supera los 90 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, triplicando cifras de 20 años atrás. No ocurre lo mismo con carnes vacunas y leche, libradas a su suerte por un Estado ausente.
Si el gobierno entendió el mensaje, es posible que en 30 días empiece a vislumbrar soluciones para un camino armonioso entre Gualeguaychú y la Plaza de Mayo. Caso contrario, cada uno seguirá por caminos enfrentados, dejando pasar el momento histórico y generando mayor pobreza y mayores asimetrías sociales. Los gobernantes tienen la palabra.