Un matrimonio y un ex militar fueron condenados por la Justicia Federal por la apropiación y ocultamiento de la identidad, de una nena de tres meses. La querellante fue la propia víctima, hoy de 30 años, que conoció su verdadera identidad en 2001.
DYN
Un tribunal condenó a penas de entre 7 y 10 años de prisión a una pareja y a un militar acusados de apropiarse de una menor, hija de desaparecidos, durante la última dictadura. La particularidad del juicio fue que la propia víctima, a quien le ocultaron su verdadera identidad, fue la querellante.
El fallo dictado el viernes por el Tribunal Oral Federal 5 alcanzó al militar retirado Enrique Berthier, quien recibió la pena de 10 años de cárcel por haber entregado a una pareja la niña María Eugenia Sampallo Barragán cuando tenía sólo tres meses de vida.
La joven nació en cautiverio y luego de vivir más de 20 años junto al matrimonio de Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, en el año 2001, por un análisis genético, descubrió que era hija de desaparecidos y se convirtió en la primera nieta recuperada que inició un proceso penal contra sus padres y los querelló.
Los jueces fijaron la pena de ocho años de prisión para Rivas y siete años para su ex esposa Gómez Pinto, ambos como coautores de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público y retención y ocultamiento de una menor de diez años".
"Todo dicho"
En el caso de Berthier, quien llegó a juicio detenido, el Tribunal lo consideró "cómplice necesario" de esos delitos.
Según dijeron fuentes judiciales a DyN, Berthier continuará detenido hasta cumplir los dos tercios de la pena, algo que recién podría concretarse dentro de dos años.
En el caso de la pareja, ambos llegaron en libertad al juicio y sólo estuvieron presos al comienzo de la investigación. Podrían perder la libertad sólo cuando el fallo quede firme.
Los acusados tuvieron ayer la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, pero los tres prefirieron guardar silencio. En el caso de Berthier, aclaró que "todo lo que debía decirse ya estaba dicho".
El veredicto fue escuchado con mucha atención por numeroso público, en su mayoría militantes de organismos de derechos humanos que no quedaron muy conformes con el resultado del juicio, ya que esperaban un pena superior como la solicitada por la querella y la fiscalía, de 25 años de prisión.
Penas más altas
El fiscal de juicio, Félix Crous, dijo a DyN estar conforme con la condena, aunque consideró que este tipo de delitos "deberían tener penas más altas". Así, adelantó que una vez conocidos los fundamentos del Tribunal apelará esa decisión.
Al término de la audiencia Sampallo Barragán recibió el saludo y abrazo de numerosas personas, pero se excusó de hablar sobre el resultado del juicio.
El lunes pasado, en conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, la joven aclaró que no la une "ningún vínculo emotivo" a los apropiadores sino que es una relación signada por "la crueldad y la perversión".
La mujer, de 30 años, es hija de Mirta Barragán y de Leonardo Sampallo, militantes sindicales de izquierda secuestrados en la dictadura y alojados en los centros clandestinos "Club Atlético" y "El Banco", que siguen desaparecidos.
En 1978 fue inscripta como hija propia del matrimonio Rivas-Gómez Pinto con el nombre de María Eugenia Violeta Rivas.
Cortar el vínculo
Según relató la víctima, cortó el vínculo con ellos en 1999, dos años antes de conocer su verdadera identidad gracias a análisis genéticos que demostraron que era hija del matrimonio Sampallo-Barragán y que había nacido en febrero de 1978, dos meses después del secuestro de sus padres.
En la causa intervino además el médico militar Julio César Cáceres Monié, ya fallecido, quien firmó un certificado de nacimiento irregular que constataba que la niña era hija biológica de Pinto.
Según se ventiló en el juicio, a lo largo de su infancia María Eugenia escuchó de sus apropiadores varias versiones acerca de su origen. A los ocho años supo por ellos que era adoptada y le explicaron que sus verdaderos progenitores habían muerto en un accidente, pero un año después le dieron otra versión: que era hija de una empleada doméstica de la familia.
También le llegaron a decir que era una hija extramatrimonial de una azafata que habría tenido un romance con su padre, hasta que finalmente le dijeron que la adoptaron cuando Berthier les avisó que había un bebe abandonado en el Hospital Militar.
DDHH disconformes
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestó su disconformidad con las penas aplicadas por la Justicia, por la apropiación de una hija de desaparecidos durante la última dictadura.
"Si bien el fallo reconoce los delitos cometidos, las penas que se aplicaron a los imputados no reflejan la magnitud de los crímenes cometidos", dijo en un comunicado el organismo que conduce Eduardo Luis Duhalde.
El organismo gubernamental expresó que "comparte las opiniones de los querellantes, en cuanto a que el fallo no ha tomado debida nota de la gravedad de los hechos, puesto que se trató de la apropiación de una niña, la sustitución de su identidad, el desarraigo de su familia y la negación de su historia".
En la misma tónica, Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó hoy en una entrevista radial que "no" la conforma "en absoluto" la decisión judicial.