De la redacción de El Litoral
Luego de la tregua dispuesta por las entidades del campo, después de 21 días de protesta y para retomar el diálogo con las autoridades, comenzaron a sentirse las consecuencias que dejó la medida de fuerza más extensa que haya protagonizado el agro nacional.
El descontento del campo, que se profundizó con la última suba de retenciones a los granos dispuesta el 11 de marzo último, provocó la ruptura casi total de la cadena de pagos desde las diversas actividades agropecuarias, por obligaciones incumplidas que se originaron en la compra de insumos para encarar esta campaña.
En esa línea, analistas sectoriales recordaron que durante las tres semanas por las que se extendió la protesta, "la gente no pago, ni cobró nada de lo que tenían previsto".
Muchos chacareros compraron insumos -fertilizantes, silos bolsas, agroquímicos, gasoil- y entregaron cheques a fecha determinada, cuyos vencimientos se produjeron en pleno lock out rural.
En ese sentido, el analista Alejandro Ramírez explicó que a pesar de que los bancos "hicieron mucho para intentar sostener las cuentas corrientes de los hombres de campo", considerando que se sobrepasaban en las cifras de los descubiertos permitidos, "algunos gerentes tuvieron que dar la mala noticia de que tenían orden de sus casas centrales de rechazar" los valores presentados por los portadores de los cheques.
Algo similar ocurrió con aquellos que habían refinanciado sus deudas hipotecarias y, al no tener el dinero de la cuota correspondiente, volvieron a entrar en mora, con los inconvenientes legales que esto genera, amplió.
Muchos productores intentaron continuar con sus labores habituales, en especial la cosecha del girasol, el maíz y la soja, pero se encontraron con el inconveniente que los camiones con gasoil no llegaban, los que traían los silos bolsas tampoco (ya que debían almacenarlos en sus campos, porque no se cargaría a puerto).
Esa situación determinó demoras en la trilla de los granos gruesos, con el riesgo adicional de que, en el caso de la soja, por ejemplo, comenzaran a abrirse las chauchas generando pérdidas en los rindes finales de colecta.
Todo esto automáticamente ocasionó nuevos costos operativos que no fueron previstos antes del 11 de marzo, pero, al tener la libertad de hacer lo que quieran, los chacareros salieron a realizar todo aquello que no hicieron a lo largo de los 21 días de protesta.
En principio, cargaron toda la hacienda que ya estaba terminada, para poder movilizar los animales antes de que los precios se caigan por el exceso de oferta que va a ocurrir en los próximos días.
Con el tema de los granos, a pesar de que gastaron plata embolsándolos, muchos chacareros ya están cargando a puerto o fábrica, primero cumpliendo con ventas anticipadas o a precio hecho, realizadas antes del paro.
Así es como los acopios, cooperativas y corredores se encuentran con gran cantidad de órdenes de ventas, buscando condiciones de pago bien corto, por las necesidades señaladas, mientras analistas y operadores del sector anticipan que esta fuerte presión de oferta, "toda junta", puede llegar a presionar los valores, a pesar de la tendencia que éstos tengan en los mercados internacionales.
El ministro
de Economía y Producción, Martín Lousteau, arribó procedente de Miami, donde participó de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese encuentro, el funcionario propuso flexibilizar las condiciones para el otorgamiento de créditos por parte del BID y defendió la política económica del gobierno nacional.
El levantamiento
del paro del sector agropecuario benefició a los títulos de deuda domésticos que habían sido los más afectados por el conflicto desatado por el establecimiento del esquema de retenciones móviles. Así lo destacó un análisis de una consultora que precisó que tras haber caído en promedio 2 por ciento desde el 11 de marzo último, los títulos públicos se recuperaron en las últimas jornadas, luego de que se levantara el lock out, volviendo a los niveles previos a la crisis.
Si bien las estimaciones privadas ubican el alza real de precios durante marzo en torno al 2,5 por ciento, impulsada por un incremento promedio del 4 por ciento en los productos que conforman la canasta básica, para el Indec el IPC no superaría el 1,5 por ciento.
La aceleración registrada por las consultoras reflejó el impacto del "lock out" de 21 días llevado adelante por el sector agropecuario en protesta por el esquema de retenciones móviles a los granos, lo que afectó las entregas de alimentos frescos y elevó sus precios un 7 por ciento en promedio.
Además, también se registraron subas mayores al 3 por ciento en otros rubros sensibles de la canasta como bebidas y alimentos no perecederos, según apuntó el diario La Nación.
Entre enero y febrero último, la inflación oficial acumuló 1,4 por ciento. Pero la suba "real" de precios del mes pasado fue la mayor en más de un año, cuando en enero de 2007 los aumentos en los servicios de medicina prepaga y el turismo desencadenaron la intervención del Indec por parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Para justificar la diferencia entre el oficial Indice de Precios al Consumidor (IPC) y las alzas registradas por las consultoras privadas, el Indec incluiría en el comunicado del próximo jueves una nota para aclarar que una gran cantidad de artículos directamente no pudieron ser relevados porque no se encontraron en las góndolas.
Además, la dirección del Indec evitará computar buena parte de los aumentos en carnes, lácteos, aceites y panificados, con alta ponderación dentro de la estructura del IPC. Cuando los encuestadores del organismo oficial no encuentran un producto en las góndolas toman el valor del artículo más cercano en cuanto a sus características generales, y sólo en casos extremos en que el desabastecimiento se verifica durante casi todo un mes se emplea el mismo precio del mes anterior. En el caso de marzo, el faltante en carne y lácteos se notó en los últimos diez días.