La actualización de las normas que regulan la Empresa Provincial de la Energía es parte de las metas que, acertadamente, se han planteado tanto los programas de gobierno de la coalición de partidos que constituye el oficialismo en Santa Fe, el Frente Progresista Cívico y Social, como la principal fuerza de la oposición, el Frente para la Victoria.
No menos que como un fracaso puede interpretarse el magro consenso al que se llegó a fines de 2006, cuando la EPE volvió a estar regida por la Ley 10.014, que había sido sancionada en diciembre de 1986, es decir, hace más de veinte años, mucho antes de que palabras como regulación, control, audiencia pública y organizaciones de consumidores siquiera figuraran en el léxico de los servicios públicos.
Esa norma es la que hoy rige sobre la compañía, y acaso sus principales debilidades no deben anotarse sobre lo que pueden o no pueden hacer sus autoridades y sus empleados, sino respecto de la completa ausencia de buena parte de los avances doctrinarios de las dos últimas décadas. El marco normativo vigente ignora por completo los derechos de los consumidores.
Hace casi dos años, al reflotarse aquella norma, el objetivo fue dejar atrás la ley de privatización que planteaba la venta de ese activo, pero que también hablaba de la creación de una serie de institutos modernos que incluyen a un nuevo actor social: el usuario.
El objetivo en el que pudieron coincidir las líneas internas del justicialismo gobernante hace dos años fue dar por terminado -también en el campo de la ley- el intento de privatización. Éste tropezó a fines de 2001 y principios de 2002 con la crisis económica que primero impidió la operación de venta y luego cambió la visión mayoritaria respecto de los procesos privatizadores.
La carencia de leyes que protejan a los consumidores tiene efectos muy concretos. Mientras en otras provincias -en unos casos con empresas estatales, como Córdoba, y en otros, con privadas, como Buenos Aires- las actualizaciones tarifarias son el resultado de un debate público, en Santa Fe ese mecanismo no existe.
La decisión de cambiar los valores de las tarifas en nuestra provincia se resuelve sumariamente, basta con la voluntad del Poder Ejecutivo, porque no se cuenta con un marco regulatorio moderno.
Es evidente que al cabo de años de congelamiento, el valor del kilovatio que cobra la EPE a sus distintas categorías de usuarios debía ser actualizado. Sin embargo el cómo, además de cuánto, también es importante.
Otros Estados celebran audiencias públicas o tienen mecanismos regulatorios que obligan a las compañías distribuidoras de electricidad (públicas o privadas) a brindar informes trimestrales sobre el destino de los aportes de los usuarios.
La norma santafesina vigente para el sector eléctrico merece una actualización; fue creada como el producto de la subdivisión -por provincias- de la vieja Agua y Energía de la Nación, que derivó primero en una Dirección y finalmente en la figura de una Empresa Provincial. Además de hacer eficiente la gestión empresaria, la EPE necesita un marco legal moderno.