Mientras el campo y el gobierno negocian, la oposición está consensuando un proyecto para derogar las retenciones. La iglesia reclama evitar las confrontaciones y dialogar. En la prensa internacional se destaca la pérdida de popularidad de la presidenta.
En el marco de la tensa "tregua" entre el gobierno y los productores, el conflicto del campo siguió ocupando el centro de la escena política durante toda la semana.
Desde el comienzo de la protestas, los gobernadores justicialistas siempre estuvieron en una posición incómoda. Mario Das Neves, gobernador de Chubut, fue el primero que admitió que tenía "diferencias políticas" con la política agropecuaria y disparó contra el jefe de Gabinete Alberto Fernández a quien acusó de concentrar "mucho poder". "El jefe de Gabinete tiró de la soga demasiado, ostentando un poder que nadie le ha dado", dijo Das Neves, en una entrevista que concedió al diario Perfil.
El oficialismo lo cruzó con los tapones de punta e intentó descalificarlo: "Tengo la fea sensación de que tal vez se trate de intereses ligados a la producción sojera en otras provincias que no son la de él, porque en Chubut no tuvo reclamos del campo", dijo el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, a la agencia Dyn. En la Casa Rosada deslizaron que Das Neves hizo estas declaraciones porque quiere ser candidato presidencial en el 2011.
Otros gobernadores peronistas, como el cordobés Juan Schiaretti o el pampeano Oscar Jorge, eligieron un perfil más bajo pero también se diferenciaron del gobierno en el conflicto con el campo, al no asistir a los actos políticos en apoyo de la presidenta realizados en Parque Norte y en Plaza de Mayo.
Los senadores justicialistas Carlos Reutemann y Roberto Urquía (Córdoba) también plantearon sus diferencias con el nuevo esquema de retenciones y con la gestión política del conflicto.
La oposición
La Coalición Cívica, el Pro, el Socialismo y la UCR empezaron a conversar esta semana para presentar un proyecto de ley que propone la derogación de los artículos del Código Aduanero que le permiten al gobierno fijar retenciones. Quieren que el Congreso vuelva a ser el ámbito de discusión de los derechos de exportación, informó el diario La Nación.
El segundo punto del proyecto de ley -que se presentaría la semana que viene- reclamará la derogación del artículo que creó las retenciones móviles y que provocó la protesta del campo. El tercer punto tiene que ver con la coparticipación federal. Los dirigentes opositores quieren definir mecanismos concretos para que los fondos de las retenciones lleguen a las provincias que producen esa renta.
Además, quieren iniciar una campaña de recolección de firmas en todo el país para apoyar estas medidas y convocar a las entidades agropecuarias para analizar el tema en el Congreso.
Hay que tener en cuenta que los dirigentes opositores asumen este rol después de haber sido criticados por haber permanecidos relativamente pasivos durante el clímax de la protesta.
En Buenos Aires, el jefe del bloque de diputados macristas, Federico Pinedo, justificó la escasa acción de su sector: "Los partidos de la oposición tuvieron una enorme responsabilidad de no echar nafta al fuego y de llamar al diálogo entre el kirchnerismo y el campo", argumentó.
El jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, también reconoció el papel secundario que cumplió la oposición y consideró "difícil" solucionar el problema "cuando las mayorías delegan las facultades propias del Congreso al Poder Ejecutivo. Si la ley hubiera pasado por el Congreso, nos hubiéramos evitado la gran cantidad de pérdidas que hubo", lamentó Aguad, en declaraciones a la agencia Dyn.
La iglesia
La fragmentación social que provocó la crisis del campo es uno de los ejes centrales de la 95´ asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina que se realizó esta semana y que termina hoy.
Fuentes eclesiásticas anticiparon que la exhortación a frenar el clima de confrontación entre los argentinos y a propiciar instancias de diálogo "sin agravios" para alcanzar un acuerdo definitivo gobierno-campo, pueden formar parte del primer documento episcopal de la era Cristina Fernández. Los obispos tampoco descartan referir a la ausencia de una política de Estado en materia agropecuaria, sin dejar de meterse en cuestiones que suelen irritar a funcionarios gubernamentales como las retenciones y la coparticipación federal.
En una misa celebrada el miércoles en la Basílica de Luján, el vicepresidente segundo del Episcopado, monseñor Agustín Radrizzani, reiteró la exhortación de la Iglesia a un diálogo sin imposiciones para superar el conflicto entre el gobierno y el campo, y reclamó una equitativa distribución de la riqueza y que se defiendan los "derechos de cada provincia".
"El diálogo es fecundo cuando cada uno se pone en el lugar del otro y llegan a un acuerdo, a un punto común, aunque no se logre todo lo que cada uno quiere, pero todos salen enriquecidos por haber buscado, con sinceridad y desprendimiento, la verdad", imploró Radrizzani; ante los dirigentes agropecuarios Luciano Miguens (Sociedad Rural) y Fernando Gioino (Coninagro), que se ubicaron en la primera fila de bancos del templo dedicado a la patrona nacional.
La misa fue concelebrada por los cardenales Jorge Bergoglio (Buenos Aires) y Estanislao Karlic (emérito de Paraná) y por los arzobispos Luis Villalba (Tucumán) y Mario Maulión (Paraná).
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