Opinión: OPIN-01 La muerte en las rutas, indicador de subdesarrollo

En menos de diez días en la Ruta Nacional 9 se produjeron numerosos accidentes de tránsito, algunos de ellos con desenlaces trágicos. Todas las advertencias, las amenazas de sanciones y los controles se demostraron impotentes para impedir que esto sucediera. Una vez más, parece cumplirse el aforismo que reza que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Las tragedias no suelen obedecer a una causa exclusiva, pero esto no quiere decir que no haya responsabilidades. Los accidentes se produjeron en la autopista más transitada del país (treinta mil vehículos por día), el camino que une Buenos Aires con Rosario y Córdoba. Por esa ruta, transita la carga que va del litoral a Capital Federal. Al mismo tiempo, esa zona es la más desarrollada de la Argentina, y en la que mayores inversiones se han hecho en materia vial y de seguridad.

Sin embargo, los hechos son porfiados. En la Argentina, por un motivo o por otro, parecería que siempre ocurren problemas que se originan en la desidia, la imprudencia o la torpeza de los hombres. La responsabilidad incluye a funcionarios políticos, concesionarios del peaje, fuerzas de seguridad, propietarios rurales y, en muchos casos, conductores de vehículos cuya imprudencia es manifiesta.

En principio, no se entiende por qué el gobierno no decidió a través de los organismos competentes establecer y comunicar con eficacia restricciones o prohibiciones al tránsito, instruyendo en tal sentido a las concesionarias del peaje. Tampoco se entiende por qué se permitió que propietarios rurales quemaran pastizales sin ningún control y violando normas ambientales. En los recientes accidentes, llama la atención que los controles de las fuerzas de seguridad se hayan retirado justo en el momento en que la bruma compuesta por humo y niebla cubría la ruta.

En estos días, todas las poblaciones que van desde Rosario a Buenos Aires están cubiertas de humo, incluidas esas dos populosas ciudades. Según las informaciones, unas setenta mil hectáreas del delta fueron pasto de las llamas. A ello se sumaron campos particulares ubicados en la banda entrerriana, donde los propietarios también se dedicaron a "jugar con fuego".

Puede que la dimensión de lo que está ocurriendo sea excepcional, pero hay que señalar que cuando un hecho se reitera pierde la condición de excepcionalidad. Seguramente, habrá que investigar por qué la quemazón de pastos en los campos se ha extendido de esta manera, pero ello no excluye la responsabilidad del Estado y de los concesionarios de peaje que deberían haber tomado los recaudos del caso para impedir que pasara lo peor.

De aquí en adelante, es indispensable una respuesta más rápida y eficiente del Estado y las concesionarias. El Estado cuenta con organismos que tienen capacidad técnica y preventiva para actuar en estas situaciones: hacer los pronósticos atmosféricos, realizar la comunicación pública de los instructivos y organizar los dispositivos de prevención más adecuados.

La calidad institucional, a la que tantas referencias se hace en los últimos tiempos, incluye la protección de los ciudadanos que circulan por las rutas del país.