La prensa es una pieza clave en el diseño institucional de una sociedad abierta.
En una sociedad abierta, todos juegan, la trama de relaciones se multiplica sin cesar y las verdades son provisorias -porque están sujetas a búsquedas constantes y a desafíos que exigen la gimnasia de los argumentos y el rigor de las demostraciones.
En una sociedad abierta, la crítica es un factor relevante para la corrección de los errores y el logro de más altas cotas de convivencia y creatividad.
La sociedad abierta es conflictiva porque tiene muchos actores, pero ofrece un terreno fértil a ideas, propuestas e iniciativas transformadoras y superadoras.
En una sociedad abierta, la libertad de prensa es considerada estratégica. Se la valora como un canal de retroalimentación del sistema y una herramienta de probada eficiencia para la promoción de los intercambios entre personas, grupos y sectores; también, para controlar las conductas de los gobiernos y señalar sus eventuales desbordes en el ejercicio de los poderes instituidos por la Constitución.
La Constitución Nacional, que rige la vida de los argentinos, es la consagración normativa de una sociedad abierta, de una república democrática o una democracia republicana, con especial resguardo de la libertad de prensa.
El decálogo de Chapultepec (documento continental en favor de la libertad de prensa) engarza naturalmente en el cuerpo de nuestra Carta Magna. Pero no puedo hablar en abstracto de principios y normas que en este momento están sufriendo perturbaciones que ponen en tela de juicio su vigencia efectiva.
De modo que, primero lo primero.
El Segundo Seminario Patagónico sobre Libertad de Expresión, Magistratura y Prensa se produce en un singular momento histórico, que deja oír los crujidos de nuestro edificio constitucional.
Por lo tanto, sin perjuicio de defender la libertad de prensa, que hoy está bajo ataque desde el Poder Ejecutivo Nacional y distintas trincheras que le son afines, la jerarquía de los problemas exige que el tratamiento de la cuestión se haga en otro orden.
Adiós al federalismo
En primer lugar, debo decir que la forma federal de Estado que establece nuestra Carta Magna está reducida a su mínima expresión.
La desmesurada apropiación de impuestos por parte de la Nación ha roto el molde histórico de distribución de los recursos públicos, arrasando en los hechos con el federalismo fiscal.
La consecuencia directa es la creciente dependencia de las provincias respecto del Tesoro Nacional, realidad incontrastable que hace ilusorias las autonomías provinciales y, por ende, el federalismo político.
La emergencia económica y social, como dispositivo legal que sustenta esta brutal distorsión institucional, se renueva año tras año -desde hace siete-, merced a una suerte de automatismo legislativo que, en la práctica, le confiere las características de un sistema sustituto de gestión centralizada con amplia discrecionalidad.
Con el tiempo, la excepción se convirtió en norma, aunque la emergencia cedió ante el sostenido crecimiento del PBI, a un promedio del 9 por ciento en años sucesivos y a un monto de reservas que hoy supera los 50.000 millones de dólares.
Esta situación, que vulnera el espíritu y la letra de la Ley Fundamental, remite a tiempos preconstitucionales en los que el apoderamiento de los derechos de Aduana por parte de Buenos Aires llevó a la guerra civil. Hoy se trata de las retenciones a las exportaciones, tributos no coparticipables que el PEN acapara, pese a que su origen corresponde al trabajo y la inversión de numerosos agentes económicos de las provincias argentinas. Por añadidura, en los sucesivos cálculos presupuestarios, las proyecciones de crecimiento son sistemáticamente subestimadas, a fin de ampliar el quantum de fondos manejados a discreción.
El socio necesario para la creación de este sistema parainstitucional es el Congreso de la Nación, que ha renunciado a sus atribuciones exclusivas y a sus responsabilidades políticas mediante el claro sometimiento de sus funciones a los deseos y mandatos del PEN, lo que, a todas luces, afecta la arquitectura institucional basada en la separación de poderes.
Por si fuera poco, las recientes declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados de la Nación han puesto sobre el tapete lo que desde hace rato se escucha en voz baja: que los jueces -sobre todo los de Primera Instancia- son presionados y que no están dadas las garantías para investigar al poder político.
Si se recuerda lo que ha ocurrido -y lo que ocurre- en las causas en las que se investiga a funcionarios del gobierno nacional, las palabras del Dr. Ricardo Recondo suenan verosímiles.
Además, hay que señalar las dudas cada día mayores que suscita el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, instituto creado en la última reforma constitucional con el propósito manifiesto de mejorar el procedimiento de selección de jueces.
De modo que las anomalías que exhibe cada uno de los poderes del Estado en su propio ámbito de actuación se potencian en su combinación funcional y son indicativas de un sordo pero operativo proceso de deconstitución del país.
Por erosión, día a día, paso a paso, pero siempre en la misma dirección, se avanza hacia otro formato del Estado.
Esta severa modificación del contrato político de los argentinos sólo puede ser realizada por una Convención Constituyente convocada al efecto, nunca por el Congreso nacional. De lo contrario, se estaría frente a un golpe institucional de singulares características.
Entre tanto, la tendencia del PEN a la acumulación de poder y a una hegemonía que borre las alternativas propias de una democracia bien entendida es traducible a la figura del monopolio político, cuadro en el que la expresión tautológica de la "concertación plural" constituye un subproducto equiparable a la imagen del oligopolio político.
En el camino de esta construcción que desnaturaliza a la democracia republicana, la concentración de recursos públicos en las exclusivas manos del gobierno central evoca el latiguillo de los "grupos concentrados de la economía", lugar común frecuentado en los discursos del retroprogresismo. Sólo que aquí es peor, porque la concentración es política y económica.
Hilo suelto en la trama del poder
Pero tampoco esto basta. Por eso hay que controlar a la prensa, que es un hilo suelto en la trama del poder. De allí que se impulse un Observatorio, que bajo la humanista excusa de trabajar contra la discriminación, busca generar control sobre la prensa, ejercer presión sobre los periodistas y activar los resortes de la autocensura.
Casi al mismo tiempo, se impulsa una nueva ley de radiodifusión con el apoyo de militantes sociales y sindicalistas próximos al gobierno, voces que claman por "la democratización de los medios y la información".
Más allá de la paradoja de que muchos de quienes hablan dirigen estructuras cristalizadas en las que las prácticas democráticas están ausentes desde hace décadas, es bueno que se debata un tema en el que la ausencia del Estado ha derivado en una caótica apropiación del éter con abundante participación de actores políticos.
Como sea, el perfil autocrático del poder ha completado su dibujo y ya sabemos a qué atenernos. Al fin y al cabo, el único sostén consistente de la libertad de prensa es el ciudadano que quiere saber de qué se trata como condición previa a su toma de posición, y que, para nutrirse de información y opiniones, emplea el variado arco que compone la diaria oferta de los medios de comunicación. Esa libre elección es la base del sistema que alienta el decálogo de Chapultepec en concordancia con las normas de la Constitución, sistema que hoy padece los embates que termino de exponer.
Gustavo J. Vittori (*)
(*) Texto presentado el jueves 24/4/2008 en el seminario organizado por los jueces de la Patagonia en San Carlos de Bariloche.