Un grupo de ciudadanos verenses que integran instituciones, entidades y gremios de esa ciudad del norte santafesino realizaron una presentación judicial solicitando se investigue la gestión que encabeza el actual intendente Raúl Seco Ensina.
Miembros de la comisiones directivas de las delegaciones y agencias verenses de ATE, Foecyt, Sociedad Rural, Centro Comercial e Industrial, Amsafe, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Club Ferrocarril, Vecinal San Marín, Unión Bochas Club, Asociación de Músicos, Centro de Arquitectos, Sitram, Gremial Médica, Sindicato de la Carne, entre otras decidieron solicitar a la Justicia que investigue la gestión administrativa de Ejecutivo verense como así también del Concejo municipal de esta ciudad a los que acusan de una posible "connivencia a la aparente violación a las leyes y ordenanzas comprometiendo al erario público".
En la solicitud hecha ante el Ministerio Público de los tribunales verenses los firmantes piden que la Justicia "se sirva tomar conocimiento de algunos hechos, ya que a prima facie podríamos estar ante un grave delito contra la Administración Pública" a la vez que advierten que "se encuentra subvertido el orden jurídico institucional" haciendo expresa manifestación que es la primera denuncia que "realizamos respecto de los hechos que habrán de exponerse" explican.
En este sentido, argumentan falta de respuestas claras tanto del Ejecutivo local como también del Concejo Municipal sobre el manejo de subsidios provinciales para la construcción de la Terminal de Ómnibus de esa ciudad.
Paralelamente aclaran que el edificio no se construyó finalmente "debido al tiempo transcurrido y para no perderlo se lo cambió por otro de pavimentación urbana", citando declaraciones periodísticas del intendente con respecto a este tema.
Ante esta contradicción en los dichos y origen de los fondos el grupo de ciudadanos deciden enviar al HCM una solicitud de la copia de las ordenanzas que avalan los decisiones del Ejecutivo de lo que resulta que la documental enviada por el cuerpo "lejos de borrar las dudas las aumentó", dado que además de ser insuficiente y carecer de rúbrica alguna evidenció que "el proyecto anterior, como lo definía el intendente a la Terminal de Ómnibus, jamás existió, porque habló de un cambio de destino (de los fondos) en el 2006 y las ordenanzas datan de 2005".
También manifiestan que en septiembre de 2006 pusieron de relieve "las falencias en la prestación de los servicios públicos y puntualizamos la incompatibilidad de algunos concejales" en funciones que también integraban el Ente Privado, prestador del servicio de agua potable. Agregan que hasta la fecha de la presentación no recibieron respuestas de los pedidos de informes relacionados con este tema.
"Posible comisión de delitos"
Hacen constar que ante la actitud adoptada por los funcionarios municipales que sobrepasó los límites tolerables adjuntan documentación probatoria de todas las inquietudes planteadas para que la Justicia investigue "ya que a nuestro entender estamos frente a la indudable violación de la Ley Orgánica de Municipios y ante la posible comisión de delitos de Abuso de Autoridad, Violación de Deberes de Funcionario Público, Malversación de Caudales Públicos y/u otro delito contra la Administración Pública", sentencian.
Por último sugieren se solicite a la Municipalidad de Vera ordenanzas sobre los presupuestos de los últimos cinco años, de aprobación de las ejecuciones presupuestarias por igual período, y de aprobación de subsidios y destino de los mismos en idéntico espacio de tiempo; además de informes sobre fecha y modo de publicación de las ordenanzas citadas.
También proponen que se requiera al Concejo Municipal la remisión de ordenanzas del Contrato de concesión del Servicio de la Cooperativa de Servicios Vera Limitada, instrumentos por los cuales se establecen los valores por la prestación del servicio concesionado, modalidades en el otorgamiento del crédito solicitado para la obra de cloacas y/o agua potable, estado de la cuenta que mantiene la empresa prestadora con la entidad crediticia acreedora y la ordenanza vigente que reglamenta el cobro de impuestos, tasa, derechos, contribuciones y multas por la vía del apremio.