Esperanza (C).- A través de una conferencia de prensa, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Esperanza y el asesor jurídico, Héctor Bertero y Gabriel Albarracín, respectivamente, presentaron un informe de avance de auditoría y distinguieron lo que significa auditoría de corte (instantánea de un momento) de integral, es decir una destinada a analizar el ente municipal en su conjunto en un período de tiempo determinado.
Al respecto, detallaron que se analiza la posibilidad de extenderla, en algunas áreas como la Secretaría de Cultura y Deportes, a períodos anteriores a los analizados. La Municipalidad de Esperanza "recibió un resumen, a manera de avance, que contiene los aspectos más relevantes que surgieron en la primera etapa de la auditoría solicitada a la Universidad Católica en el marco del convenio suscripto entre ambas partes".
"El objeto de este primer informe abarcó aspectos del área de Asesoría Legal, Secretaría de Cultura y Deporte y cuestiones particulares y circunstanciales que surgieron como consecuencia de la ejecución de la tarea pertinente. El período comprendido, abarca los ejercicios 2006 y 2007" puntualizaron.
En tal sentido, "se han aplicado los procedimientos prescritos por las normas vigentes en la materia. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces y errores significativos en los informes o presentaciones elaborados por la Municipalidad sujetos a auditoría".
"Por la fecha de comienzo del trabajo (16 de enero de 2008) no se han podido realizar algunas tareas de auditoría al momento del cambio de autoridades ni al 31 de diciembre de 2007. También se vio parcialmente afectada la tarea por la ausencia de empleados en uso de licencias vacacionales como así también por el retiro por jubilación. Otro punto de impacto es el referido a la discontinuidad política debido al cambio de las autoridades municipales", detallaron los funcionarios.
Según Bertero y Albarracín, "es para destacar la falta de rendición de gastos gestionados antes del 10/12/2007 y su consecuente aprobación y/o control por los sectores encargados como la inexistencia de la ejecución presupuestaria 2007 integral a la fecha de este informe. Este punto también afecta la aplicación de algunos procedimientos de auditoría".
Como consecuencia de las tareas al respecto realizadas, entre el comienzo de las mismas y la fecha del presente informe, el resumen de los resultados más significativos es: en el Área Legal, "la Municipalidad de Esperanza no posee un área institucionalizada y permanente, con asignación de cargos y funciones, dedicada a los asuntos jurídicos del Ente, que se estructure como una Fiscalía Municipal o Dirección de Asuntos Legales. Sólo posee un área denominada Asesoría Legal dependiente directamente del intendente, con escaso personal de planta permanente, que no tenía la categorización adecuada".
Además, en el período auditado "se implementó una "tercerización' de los servicios jurídicos, contratándose abogados para la atención de los asuntos ordinarios y extraordinarios, pero sin un sistema organizado de seguimiento y control de sus tareas, lo que trae aparejado el desconocimiento de lo realizado por estos profesionales" expresaron.
En lo que refiere a deudas, "también se detectó un gran desorden en la imputación y seguimiento de las deudas con el municipio. El sistema tiene falencias, es insuficiente, desactualizado y, consecuentemente ineficaz; quedando parte de la deuda sin ejecutar o prescrita por dichas fallas".
Tampoco "existía una adecuada coordinación de las tareas que realiza la Dirección de Rentas y la Asesoría Legal del municipio, y mucho menos de estas áreas con los abogados externos, en lo que a ejecuciones de deuda se refiere. Las deudas se remitían sin una depuración previa, permitiéndose en consecuencia el inicio de ejecuciones a contribuyentes que ya tenían una resolución del DEM con suspensión o planes de pagos acordados".
Asimismo, durante el período auditado "el Municipio no ha ejecutado judicialmente deudas por infracciones de tránsito" manifestaron.
En otro plano, según lo informado, la Secretaría de Cultura y Deporte "no posee recursos de tecnología administrativa traducidos en organigrama, manuales de funciones o procedimientos, descripción de puestos y asignación de tareas. Se suma la carencia de integridad en la información de las rendiciones de gastos y la inexistencia de la justificación de las diferencias encontradas en las rendiciones de gastos de esta Secretaría de los períodos 2006 y 2007".
Además, "la utilización de comprobantes justificativos de erogaciones carentes de requisitos de forma y fondo básicos, y las colaboraciones o subsidios a diferentes asociaciones sin mediar controles previos sobre su subsistencia".
En el Liceo Municipal, se constató un "atraso en la cobranza de cuotas de inscripción; escaso o nulo control por parte del municipio de los recursos y gastos; no inclusión en el presupuesto 2006 y 2007 de los recursos y gastos, y la no inclusión de saldos de la cuenta corriente bancaria en los Balances de Tesorería diarios y mensuales".
Por otra parte, "el Balance Mensual de Tesorería no refleja la verdadera variación de fondos acaecida ni sus causas y no representa el acumulado de los Balances Diarios del mes de que se trata ya que se preparan con criterios diferentes".
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical informó en conferencia de prensa que la auditoría contratada por el gobierno municipal de Ana Meiners (PJ) con la Universidad Católica de Santa Fe "ha sido suspendida por la Justicia" ante una presentación de este bloque.
Los ediles de la UCR pretenden que la Justicia revise la forma de contratación. Entienden que la misma es ilegal y está fuera de la normalidad en sus formas y en su costo.
"El municipio puede contratar por ley hasta 2.500 pesos. La auditoría cuesta 125 mil pesos y está firmada sólo por la intendenta Ana Meiners y el presbítero Gerardo Galetto, representante de la Universidad Católica, lo cual también es extraño porque debería estar firmada además por los secretarios de área", expresaron. En este sentido, opinaron que "habría correspondido que se hiciera una licitación pública".
También afirmaron que "estamos de acuerdo con una auditoría. Nosotros mismos la presentamos como proyecto en el Concejo Municipal, pero bajo reglas legales" afirmaron y si "una auditoría conforme a la ley se hace y encuentra irregularidades -cosa que creemos que no existen-, apoyaremos a la Justicia, porque ante todo, somos concejales de la ciudad", aclararon los radicales.
Préstamos.
En lo que refiere "a préstamos municipales Promuso, Promucadi, Promucen, se observó que no tenían seguimiento municipal en cuanto al cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios". "Los beneficiarios no contaban con la inscripción impositiva requerida (municipal, provincial y nacional): los legajos de préstamos, incompletos, falta de documentación que respalda la efectiva compra del bien por el cual solicita el beneficio, la entrega de 15 préstamos por $ 57 mil (Promuso, Promucadi y Promusen), entre el 04/12/07 y el 06/12/07, caracterizados por la rapidez de la tramitación del proceso que va desde la solicitud, análisis, aprobación y entrega", dijeron.
Contratos.
"Al analizar una Gestión de Contratación se observa que la contratación presenta diversas irregularidades; además, no hay constancia en los expedientes de que se haya entregado al municipio la mercadería, y lo que es más reprochable aún, no existe causa legal del mayor costo que se ha pagado", detallaron los funcionarios.