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Pidieron $ 1.500 mensuales durante seis meses para reubicarse en la nueva Feria Popular Rivadavia. El municipio no accedió y la posibilidad de acuerdo volvió a foja cero. Interviene la Justicia Correccional y de Faltas. Paralelamente, personal municipal intentará ir desarmando las estructuras montadas en la plaza.
De la redacción de El Litoral
Con el plazo vencido para que los puesteros del parque Alberdi se retiren, pocos cambios se visualizaron esta mañana en el espacio público, que seguía invadido por las grandes estructuras de hierro y cemento. Hoy, no trabajaron, la mercadería no se exhibió en los locales y se dedicaron a quemar cubiertas en Falucho y Rivadavia, por donde no circuló ni un solo vehículo. Para resistir un posible desalojo -previsto para hoy en la resolución del intendente Mario Barletta-, rodearon los puestos con cubiertas y cartones. Anoche, muchos pasaron la noche allí.
Para arribar a una solución pacífica, hoy el Ejecutivo municipal mantuvo al menos tres reuniones con los puesteros, en un bar céntrico ubicado a escasos metros del parque. A media mañana, el acuerdo parecía cerrado pero, repentinamente, los vendedores decidieron no firmar el acta que redactó el municipio y pidieron dinero para retirarse. Como este pedido no les fue concedido, se mantuvieron firmes en la negativa y volvieron a la esquina donde, flanqueados por personal policial, continuaron con la protesta callejera.
La propuesta que el municipio plasmó en un acta acuerdo -que finalmente no se firmó- contemplaba compromisos para ambas partes. Los puesteros se comprometían a continuar el desarmado de los puestos, comenzando por las partes fijas y estableciendo como plazo máximo de retiro de la totalidad de las instalaciones, mercaderías y demás bienes que pudieren existir, hasta el próximo martes 13 de mayo a las 24.
Además, colaborarían con la Municipalidad para dejar el predio limpio y libre de ocupantes y cosas; conformarían una asociación civil que agrupe y regule la actividad de los vendedores y asistirían a la Secretaría de la Producción en las gestiones necesarias tendientes a la formal constitución de la Feria Popular, colaborando en la reglamentación de su funcionamiento.
Por su parte, la Municipalidad, en el entendimiento que la regularización de la situación de los vendedores debe efectuarse de un modo programático, hasta que se culmine con las acciones que a tales fines deberán verificarse y en pos del objetivo de regularización perseguido, se comprometía a abonar el alquiler mensual para la instalación de la Feria Popular en el local de Rivadavia 2747; a reglamentar el uso y funcionamiento de la Feria Popular, con la colaboración de la asociación civil que se constituya; facilitar la movilidad para el traslado de los puestos y a proveer los servicios profesionales necesarios para el diseño de los stands en el local y proceder al armado de los mismos, con los materiales que se extraigan de la erradicación de los puestos actuales, y suministrando los necesarios para cumplir con el diseño que se proyecte, efectuando las previsiones presupuestarias correspondientes. Además, colaboraría con la publicidad de la Feria Popular Rivadavia -ése es el nuevo nombre- a través de volantes, carteles, y otros medios comunicacionales.
Por último, las partes integrarían una Comisión de Seguimiento, conformada por tres miembros de cada lado, que mensualmente evaluará la marcha del emprendimiento y sugerirá las eventuales mejoras a implementar.
Intervención judicial
"Volvimos a foja cero", dijo el secretario de Gobierno, José Corral, en una improvisada conferencia de prensa que ofreció en el nuevo local, tras conocer la negativa de los puesteros a trasladarse por propia voluntad.
"Todo el tiempo pidieron subsidios en dinero. Nosotros explicamos que el municipio puede ayudar para el emprendimiento comercial pero de ningún modo dar dinero. El último pedido -que entendemos fuera de lugar- fue de $ 1.500 por mes para cada puesto durante 6 meses", informó el funcionario. Con los cálculos hechos, agregó: "Son 34, lo que significa una suma de 306 mil pesos. Esto estaba fuera de toda conversación porque siempre les habíamos aclarado que el municipio podía ayudarlos, incluso pagarles el alquiler, pero nunca darles dinero".
El funcionario informó que paralelamente "personal de nuestra Municipalidad también irá desarmando, en la medida de las posibilidades, las estructuras montadas en la plaza. Nosotros estábamos dispuestos, en el marco de este acuerdo de desalojo, a dar un plazo hasta el martes, pero estas conversaciones han sido interrumpidas por los puesteros".
Para finalizar, invitó a los santafesinos "a pasar por Rivadavia al 2700 para ver que la propuesta del Gobierno de la ciudad es muy atractiva, por lo que nos hace pensar si no hay otro interés detrás de la postura de los vendedores. Nosotros apostamos todo el tiempo a transformar la actividad que hace este grupo de personas en algo lícito y ordenado, pero se ve que hay algún grupo al que le conviene la ilegalidad".
Retiro voluntario
Hasta ayer, sólo siete puestos habían retirado por cuenta propia la mercadería y sus pertenencias, comenzando, además, a desmantelar las estructuras. Pero hoy ninguno se instaló en el nuevo local de Rivadavia 2747, donde todavía se realizaban tareas para acondicionarlo.
Sin violencia
El gobierno local, a través del fiscal Aidilio Fabiano, realizó una presentación en sede judicial. "Recurrimos a la ayuda de la Justicia que indicará a las fuerzas de seguridad lo que corresponde. Vamos a hacer además una serie de otras denuncias porque hemos detectado robo de energía en la plaza , la interrupción del espacio público y de las calles y ahora estará en manos de la Justicia y de la Policía", explicó Corral, quien remarcó que han trabajado con "absoluta coordinación, colaborando con nosotros todo el tiempo, prestando la firmeza que necesitamos de las fuerzas de seguridad pero también comprendiendo que no vamos a recurrir a la violencia hacia las personas para encontrar una solución".
Desde el Poder Judicial se informó que la Justicia Correccional ha intervenido para corroborar la violación a los artículos 194 (obstrucción en la vía pública) y 211 (intimidación pública) del Código Penal. Al mediodía el juez de turno, Orlando Pascua, envío un oficio al jefe de la Unidad Regional 1, Juan Hek, para que verifique la situación, y en tal caso, sin utilización de violencia proceda a despejar la vía pública. Minutos antes, el fiscal Oscar Dongo, solicitó la intervención del juez Pascua por los cortes de la vía pública.