Según los informes de las agencias internacionales, es probable que el número de víctimas fatales del ciclón Nargis que azotó Myanmar (ex Birmania) llegue a las cien mil personas. Con las variaciones del caso, estamos ante una de las tragedias más importantes de las últimas décadas. Las consecuencias del ciclón desbordaron los frágiles y anacrónicos sistemas de defensa y control del gobierno militar de ese país. La ayuda internacional, a través de Naciones Unidas y otras instituciones públicas y privadas, es hoy la única alternativa para mitigar las terribles consecuencias del fenómeno.

Por lo pronto, la ONU decidió aportar la suma de diez millones de dólares, una cifra mínima para las dimensiones de la tragedia, pero que permite abrir los caminos de la solidaridad. Como es de público conocimiento, Myanmar es gobernada desde hace casi cuarenta años por una dictadura militar formalizada en una junta suprema.

A causa de ello, las sanciones internacionales han sido muy duras y se han agravado en los últimos meses a raíz de la represión que el régimen ordenó contra los monjes budistas que se movilizaron para reclamar más libertades y una convocatoria electoral.

Sin embargo, las reacciones no han modificado la situación. Por el contrario, el régimen se endureció más y los principales dirigentes opositores hoy están en el exilio o la cárcel. Según la opinión más extendida, las sanciones a Myanmar ahora deberán levantarse porque los principales perjudicados no serán los déspotas militares sino la población civil y, muy en particular, los sectores más empobrecidos. Baste recordar, para tener una idea aproximada de la tragedia, que se estima que alrededor de 24 millones de personas han sido afectadas por el ciclón, en tanto que un millón perdió sus viviendas. Del número total de víctimas, se calcula que alrededor del cuarenta por ciento son menores de 18 años.

A la tragedia -supuestamente imprevisible- de la naturaleza, se le suma en este caso un régimen político insensible y corrupto, más preocupado por mantenerse en el poder que en brindar solidaridad a la población. Myanmar es un país con valiosos recursos naturales, y su empobrecimiento se debe a los vicios de un sistema político autoritario. Dirigentes de instituciones internacionales de solidaridad se quejan porque el régimen les niega la visa a los socorristas, ya que teme que éstos aprovechen la circunstancia para desestabilizarlos. Los políticos myanmarenses en el exilio aseguran que la dictadura militar es la principal responsable de lo ocurrido, por no haber tomado ninguna medida de alerta rápida con el consiguiente plan de contingencia.

La incompetencia, la desidia y la corrupción son los rasgos distintivos del sistema. Lo que el ciclón Nargis hizo fue ponerlos en evidencia. Desde el exilio, estos dirigentes advierten a las instituciones de solidaridad para que aseguren el destino de las donaciones, porque la corrupción del régimen es tan alta que a nadie le debería extrañar que los funcionarios se apropiasen de esos aportes para su exclusivo beneficio.