Luis Rodrigo

La Cámara de Senadores santafesina declaró "de su interés" el documento elaborado por legisladores justicialistas de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, referido al enfrentamiento entre el gobierno nacional y el sector agropecuario.

El extenso texto fue copiado, en su totalidad, en el proyecto de declaración aprobado sobre tablas y en soledad por los representantes justicialistas en la Cámara Alta. El mayoritario bloque de senadores del peronismo llegó a la sesión de ayer con la iniciativa firmada por 9 de sus integrantes, y planteó su intención de tratar el tema en la reunión de jefes de los bloques, lo que demoró el comienzo de la sesión más de una hora y media.

La declaración contiene tantas referencias partidarias que los demás bloques de la UCR y el Frente Progresista Cívico y Social no la votaron. El socialista Juan Carlos Zabalza incluso reclamó, más institucionalidad y una vuelta de tuerca más para que la Cámara establezca con todas las letras que la responsabilidad de que el diálogo no haya prosperado es del gobierno nacional.

El senador por Rosario pidió a sus pares del justicialismo evitar que se use el contexto el choque entre campo y gobierno para "capitalizarse políticamente". Dijo que lo mejor es "ser responsables" y buscar "que se reencauce" la relación rota.

Zabalza destacó que hay en el documento -en algunos párrafos- la voz de una provincia diferente. Reivindicó a la Región Centro como una instancia válida para discutir con la Nación al decir que las provincias no pueden ser "convidadas de piedra en este festín" del Estado nacional.

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En la bancada opositora del Senado, el reutemanismo tiene un amplio dominio y el obeidismo una acotada presencia. El presidente del bloque, Ricardo Spinozzi, aspira a presidir el PJ provincial, es dirigente del sector que lidera el senador nacional y cada vez que habla en las sesiones sobre el tema de la protesta agropecuaria lo hace bajo las mismas claves con que lo hace el ex gobernador: con críticas al Poder Ejecutivo nacional, con un constante llamado al diálogo y sobre todo sin sacar los pies del plato (partidario).

Ninguno de los representantes departamentales electos por el PJ se ha alineado con la posición de Agustín Rossi, el jefe del bloque de diputados nacionales del kirchnerismo. Este último término (una derivación del apellido Kirchner) hasta hace poco más de un mes y medio no faltaba en ninguna expresión pública del peronismo. Pero en el documento aprobado en la ciudad de Córdoba el 6 del corriente, que ahora fue declarado "de interés" por el Senado la palabra "kirchnerista" no se usó.

La posición votada por la mayoría -de más de una carilla y media- habla primero de la "oportunidad histórica"

que presenta el mercado internacional que demanda alimentos y describe a la pulseada por las retenciones como "un desencuentro entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional".

Luego de ratificar su apoyo al "modelo productivo con movilidad social ascendente que ha venido impulsando el gobierno nacional" sostiene que el complejo alimentario es "el gran dinamizador" de la economía y además "pilar fundacional del progreso y el desarrollo de la Región Centro".

A continuación reclama "verdaderas políticas de Estado" para la producción y advierte que éstas no pueden gestarse "sin la participación activa de los gobiernos provinciales que conforman la Región Centro", y que el conflicto sea superado mediante el diálogo. Pide evitar "las modalidades de protesta que puedan afectar al resto de la sociedad", en obvia alusión a los piquetes en las rutas.

El punto más fuerte -que seguramente habrá sido subrayado en las filas kirchneristas- es que "las retenciones no deben desalentar a la producción, a la vez que deben preservar la rentabilidad para los pequeños y medianos productores, sin lesionar el aparato productivo, ni menoscabar las expectativas de obtener mejoras frente a la coyuntura internacional".

Manifestaciones en la Legislatura, una carta abierta dirigida al gobernador y últimamente una nota que ingresó al Senado reclaman que se cumpla el convenio bancario con los ex empleados del privatizado Banco Provincial, que fueron transferidos al Estado. Ayer, el titular de la bancada del PJ de la Cámara Alta Ricardo Spinozzi y el radical Felipe Michlig hablaron con los manifestantes: les dijeron que quedó firme hace más de un año y medio el veto que el ex gobernador Jorge Obeid impuso sobre la ley 12.645 (sancionada por unanimidad por el Senado y convalidada por Diputados) que en 2006 les había reconocido ese derecho. Ambos dijeron que los bancarios transferidos sufren un grave retraso salarial y que estaban confundidos al interpretar que los mecanismos constitucionales aún permitían revisar aquel veto. Los bloques del oficialismo y de la oposición se comprometieron a buscar soluciones para el sector.