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El lugar quedaría totalmente liberado a partir del martes. Hasta el lunes tienen tiempo para desarmar las estructuras. El Centro Comercial pidió a la Justicia Federal que investigue de oficio la venta de mercadería ilegal.
De la redacción de El Litoral
En horas de la tarde de ayer, la Municipalidad y los vendedores de plaza Alberdi acordaron el traslado definitivo de los puestos instalados en ese espacio público a la nueva Feria Popular Rivadavia, un espacio ubicado en Rivadavia al 2747.
Como se sabe, el intendente Mario Barletta había firmado esta semana un decreto ordenando el traslado de los stands y la conformación de una feria interna, decisión que fue resistida por los puesteros con cortes de calles y quemas de cubiertas.
Durante un encuentro realizado en la sala de reuniones del secretario de Gobierno, José Corral, se rubricó el acta acuerdo. Además de Corral, participaron de la reunión con los puesteros el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Boscarol, y el secretario de la Producción, José María Chemes.
Estas gestiones habían fracasado ayer a la mañana, cuando las autoridades se negaron a conceder el pedido de los vendedores de un subsidio de $ 1.500 por mes durante el próximo semestre.
En el texto del acuerdo se establece que "en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto DMM Nº 304/08, los puesteros se comprometen a continuar el desarmado de los puestos emplazados en la plaza Alberdi y aledaños, comenzando por las partes fijas y estableciendo como plazo máximo de retiro de la totalidad de las instalaciones, mercaderías y demás bienes que pudieran existir, hasta el día lunes 12 de mayo de 2008 a las 24 horas".
También acordaron colaborar con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe para "dejar el predio limpio y libre de ocupantes y cosas", y conformar una Asociación Civil que agrupe y regule la actividad de los vendedores, de conformidad con la normativa vigente.
Según el convenio, los puesteros asistirán a la Secretaría de la Producción en las gestiones necesarias tendientes a la formal constitución de la Feria Popular, colaborando en la reglamentación de su funcionamiento.
El municipio pagará el alquiler
Por su parte, la Municipalidad, "en el entendimiento que la regularización de la situación de los vendedores debe efectuarse de un modo programático, hasta que se culmine con las acciones que a tales fines deberán verificarse y en pos del objetivo de regularización perseguido, se compromete a abonar el alquiler mensual para la instalación de la Feria Popular en el local de Rivadavia 2747 "durante los próximos cuatro años", informó el secretario de Gobierno.
También se encargará de reglamentar el uso y funcionamiento de la Feria Popular, con la colaboración de la Asociación Civil que se constituya.
En otro de los puntos se indica que se facilitará "la movilidad para el traslado de los puestos y proveerá los servicios profesionales necesarios para el diseño de los stands en el local y proceder al armado de los mismos, con los materiales que se extraigan de la erradicación de los puestos actuales, y suministrando los necesarios para cumplir con el diseño que se proyecte, efectuando las previsiones presupuestarias correspondientes".
Además, las partes se comprometen "a integrar una Comisión de Seguimiento, conformada por tres miembros de cada parte, que mensualmente evaluará la marcha del emprendimiento y sugerirá las eventuales mejoras a implementar".
Satisfacción
Al término del encuentro, el secretario de Gobierno manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado. "Estamos convencidos de que el diálogo siempre es productivo para resolver conflictos y lograr consensos. En este caso, el gobierno local se compromete a colaborar para que los puesteros tengan una actividad más estable y ordenada. Y, a su vez, la ciudad recupera un espacio público emblemático, representativo para los santafesinos, y que será un nexo clave entre la ciudad y el nuevo Puerto".
El funcionario resaltó también que el acuerdo se logró en los términos propuestos por la Municipalidad, sin tener que otorgar subsidios y sin tener que llegar al uso de la fuerza.
Piden que la Justicia investigue
El Centro Comercial reclamó que la Justicia Federal inicie de oficio las investigaciones sobre "la abierta violación de leyes como la de marcas y propiedad intelectual, detecte a los principales responsables y ordene a los organismos de seguridad como Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima y Gendarmería Nacional las acciones necesarias para enfrentar el grave problema" de la venta callejera de productos de origen ilegal.
"La repercusión y conocimiento público de lo denunciado, hace inimaginable que la Justicia y organismos de seguridad nacionales desconozcan la dimensión del accionar delictivo y permanezcan indiferentes", sostiene la entidad en un parte de prensa.
Agregan que "el conflicto desatado a través de la acertada decisión de la autoridad municipal de desalojar a la Plaza Alberdi de los puestos de comercio ilegal, pone sobre el tapete un problema que supera ampliamente al manchón urbano que significa el citado paseo público.
"El crecimiento del comercio de base delictiva, basado principalmente en la falsificación, se ha extendido hoy por toda la ciudad, no hay sitio o evento que origine concentración de gente en los que no se armen puestos de venta ilegales, sean estos eventos deportivos, horas de visitas en hospitales, veredas de supermercados, festividades religiosas, etc. Considerar que el desalojo de la plaza Alberdi elimina el problema es un error, la magnitud que ha tomado la comercialización de productos falsificados es inimaginable y está afectando severamente al comercio local.
"Nadie puede ya creer que se trata de vendedores aislados, al contrario, hay un verdadero ejército de trabajadores explotados que no tienen ninguna protección ni cobertura legal, sin obra social que los atienda ni aportes que le permitan vislumbrar la posibilidad de una jubilación, es evidente y así lo cree la opinión pública y se refleja en los medios de comunicación, la existencia de una o más organizaciones que acopian y distribuyen la mercadería ilegal a lo largo y ancho de la ciudad.
"Estas asociaciones ilícitas actúan con absoluta impunidad, los escasos procedimientos judiciales o policiales que se realizan siempre actúan sobre el eslabón mas visible y débil de la cadena y nunca están dirigidos a la fuente del problema", finalizó la entidad que nuclea a comerciantes de la ciudad.
Contramarchas
El traslado que debía comenzar a primera hora se retrasó porque los puesteros pidieron a las autoridades que especifiquen en el acta acuerdo que firmaron ayer el plazo del alquiler del local a donde serán trasladados. El municipio concedió al pedido y corrigió el acta, lo que permitió que al cierre de esta edición los puesteros comiencen a desmantelar las estructuras.