Luis Rodrigo

La Cámara de Senadores no tuvo objeciones a las correcciones que el gobernador Hermes Binner formuló sobre la Ley 12.851 de honorarios profesionales de los abogados.

Como corresponde al tratamiento de un mensaje de veto, la votación fue nominal. Todos los que se quedaron en el recinto aceptaron los cambios sobre el texto que se había sancionado. Pero antes, del recinto se retiraron momentáneamente varios senadores del justicialismo que habían dado su acuerdo al proyecto de ley que impulsara el ex senador Raúl Gramajo y fuera aprobada a fines de 2007. El ex representante por el departamento 9 de Julio (lo fue desde 1991 hasta el año pasado) presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales durante varios períodos, y hoy es asesor de un Juzgado de Menores en Tostado.

El jueves pasado, fue Ricardo Kaufmann (PJ Garay), actual titular de la estratégica comisión mencionada, quien explicó por qué se aceptaron las correcciones de los funcionarios del Ejecutivo actual sobre el texto sancionado recientemente. El senador por el departamento costero subrayó que el aspecto más controvertido de la versión original de la ley era que se concebía a los honorarios de los abogados en los juicios el carácter "alimentario".

Sin ingresar en el fondo de ese concepto, el Dr. Kaufmann se detuvo sobre un aspecto práctico, cuyos alcances seguramente no se tuvieron en cuenta cuando se trató el muy extenso proyecto de ley ahora vetado parcialmente.

En los juicios de remate de viviendas únicas (la Ley 12.406 impide la subasta pública, porque se resguarda el derecho a la vivienda), hay antecedentes en los que los jueces aplican la norma y efectivamente suspenden el remate, pero en calidad de pago de honorarios del profesional actuante terminan por liquidar la casa.

Según explicó el miembro informante por la mayoría "se le saca el párrafo que declaraba de orden público los haberes profesionales". Para Kaufmann esto "es correcto, porque la legislación nacional ha desregulado la profesión de abogado y por lo tanto entre las partes se puede convenir libremente los honorarios. No es así cuando se trata de los aportes a las Cajas o cuando el juez, si las partes no se ponen de acuerdo debe acudir al arancel establecido oficialmente, el concepto es elástico pero no puede declararse a los haberes de orden público".

"Nosotros aceptamos las modificaciones que introduce el Ejecutivo, por una razón también de conveniencia para los mismos profesionales involucrados: se salva lo substancial de la ley que es un aumento de sus aranceles. Ésta es una profesión en la que se cobra muy a largo plazo, no existen otros profesionales que esperen cinco o diez años para cobrar sus trabajos. Con esto, le rendimos un justo tributo a una profesión tantas veces criticada, y que también es meritoria cuando, en medio de las trampas y las asechanzas, se mantiene firme la defensa de los clientes" , dijo el senador.