El gobierno de la ciudad de Santa Fe planteó como uno de sus ejes la transparencia y el acceso a la información.

Para ello presentó como primer proyecto de ordenanza, con bombos y platillos, el de acceso a la información pública.

El Concejo municipal lo aprobó por unanimidad y paralelamente votó dos normas que establecían la publicación en los portales de las ordenanzas y los decretos del Departamento Ejecutivo Municipal.

El intendente se negó a publicar sus decretos por lo cual vetó el proyecto y dictó uno nuevo que establece que en un plazo de tres meses se publicarían algunos, no quedando claro cuáles serían.

Paralelamente se hicieron gestiones por parte de algunos concejales para tener acceso en papel de algunos decretos y tampoco hubo acceso a esa petición.

Para fundamentar el veto se establecieron motivos de orden técnico, como si para ""colgar" los decretos en Internet se necesitara tiempo o alguna tecnología difícil de establecer.

Todos sabemos que esto no es así y que en realidad, a todas luces, era una excusa demasiado burda para que alguien en esta ciudad lo creyera.

Como autor del proyecto y con intención de acceder a la información que contienen los decretos del intendente, intenté acceder al boletín municipal y, sorpresa, tampoco se está publicando el boletín donde se deberían reproducir las ordenanzas y decretos.

Nos encontramos ante una situación grave, no sólo porque los ciudadanos de Santa Fe no tenemos acceso a la información más elemental de la gestión municipal, sino porque no se cumple con la norma constitucional y legal de publicidad de los actos de gobierno.

La última publicación del boletín es del 31 de enero y contiene sólo ordenanzas y ningún decreto. La ordenanza que regula esta materia (7787/80) establece que se deben publicar ""ordenanzas, decretos y resoluciones de alcance general" que dicha publicación debía hacerse cada 15 días como mínimo.

A esto debemos agregar que cada decreto que firma el intendente lleva en su último artículo la siguiente frase: ""comuníquese, publíquese y archívese".

Como se puede advertir, por un lado se está violando la normativa mencionada y todas los decretos que particularmente establecen la publicación del contenido de las mismas, lo que además equivale a decir que se está violando el principio de publicidad de los actos de gobierno.

Más grave que ello resulta la consideración de los efectos jurídicos que estas omisiones pueden tener, dado que por un principio jurídico básico, las normas tienen vigencia desde el momento de su publicación, motivo por el cual estaríamos ante una serie de potenciales problemas para el municipio.

Y todo ello porque no se quiere informar seguramente las decisiones sobre nombramientos, contratos o gastos.

Es probable que en los próximos tiempos se hagan públicos algunos decretos, pero mucho temo que se harán aquellos ""de alcance general", lo que equivaldrá a negar el acceso a la información de los decretos sobre temas como los mencionados.

En definitiva, lejos de estar ante un gobierno de transparencia y acceso a la información nos encontramos no sólo con la negación de estos principios, sino ante el grave incumplimiento de principios jurídicos elementales y muy importantes.