El gobierno provincial iniciará tratativas para saldar viejos juicios que habían interpuesto alrededor de un centenar de jueces para reclamar diferencias salariales. En ese sentido, el decreto Nº 1.246 autoriza a la Fiscalía de Estado a conciliar con los magistrados denominados "amparistas" a fin de llegar a una pronta solución a este conflicto, que se hallaba pendiente desde hace años e implica reclamos patrimoniales por más de ocho millones de pesos.

El Poder Ejecutivo se encontró al inicio de la actual gestión con dos grandes grupos de demandas iniciadas en la década del 90 por magistrados del Poder Judicial. En primer término un reclamo por aplicación tardía en Santa Fe del incremento previsto por la acordada Nº 71/93 de la Corte Suprema de la Nación. En este caso quienes litigan son jueces de la ciudad de Santa Fe. En segundo lugar, una serie de amparos de magistrados de distintos puntos del territorio contra la ley provincial que en 1999 estableció aportes previsionales de emergencia. Aquí los demandantes invocaron la intangibilidad de su salario, consagrada por la Constitución Nacional.

Considerando el estado avanzado de los juicios y con la idea de poner fin lo más pronto posible al conflicto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, inició un expediente que obtuvo dictamen favorable del fiscal de Estado Jorge Barraguirre. Teniendo en cuenta ese dictamen, el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 1.246, que faculta a la Fiscalía de Estado a "iniciar tratativas de conciliación y arribar a acuerdos, ad referendum del Poder Ejecutivo, con los magistrados del Poder Judicial que hayan iniciado acciones de amparo".

El objetivo de estas conversaciones, que se llevarán a cabo en los próximos días, es saldar un conflicto de alto impacto institucional, buscando la manera de adecuar su resolución a las posibilidades presupuestarias de la provincia.