El fallecimiento de tres trabajadores de la construcción en Rosario motorizó una reunión de funcionarios provinciales y municipales con representantes de las organizaciones vinculadas a la actividad. Simultáneamente, una manifestación de albañiles, convocada por la Uocra, hizo sentir en las calles de la ciudad su repudio por los trágicos episodios, exigiendo respuestas inmediatas en materia de seguridad laboral.

Los dirigentes gremiales sostuvieron que muchos contratistas y empresas no cumplen con las reglas por falta de solvencia técnica y económica, que por lo mismo no proporcionan los elementos necesarios y, a la vez, resisten las inspecciones. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia se reiteró que nunca existió en ese ámbito un área de Higiene y Seguridad y se confirmó que, en un par de meses más, estará en funciones una treintena de inspectores especializados -cantidad que se aspira elevar al centenar antes de que concluya el actual mandato-, a la par que se dio cuenta de la intención de crear un registro de empresas, que requiera la acreditación de condiciones legales y técnicas básicas y evite que las responsabilidades se licuen mediante una serie de subcontrataciones. La iniciativa fue apoyada por los colegios técnicos y cámaras empresarios.

Esta unidad en el discurso se compadece con lo que se advierte como un requisito ineludible para afrontar el problema, que carga en su haber con aterradoras estadísticas de muertes por deficiencias en las condiciones de trabajo y que, al marco de situación generado por el paulatino retiro del Estado, sumó los efectos potenciadores del "boom" registrado en la construcción.

En ejercicio de esa necesaria coordinación, la actual gestión de gobierno comprometió oportunamente con los sectores involucrados la constitución de los llamados comités mixtos de seguridad e higiene laboral, un instituto que rige en casi toda América Latina, pero no en nuestro país. El proyecto fue remitido a la Legislatura, pero no ha podido superar todavía allí el tránsito por las comisiones, ni mucho menos llegar al recinto. Ante la queja del oficialismo, han sido en muchos casos los legisladores provenientes del sector gremial quienes han invocado la necesidad de nuevos trámites, reuniones e interconsultas para poder avanzar con la iniciativa que, de esta manera, se ve sistemáticamente retrasada.

La decisión de contratar personal capacitado en la órbita del Ministerio de Trabajo también está en la base del conflicto gremial que debió atravesar el gobierno en los últimos días, con fundamento en la queja por la supuesta intención de generar "superestructuras" y relegar a integrantes del actual plantel.

Cualquier acción en un área donde confluyen intereses diversos tiende a producir fricciones o requiere superar obstáculos para poder seguir adelante, ya que necesariamente habrá quienes deban resignar ventajas o privilegios, someterse a mayores exigencias o perder réditos. Pero llega un punto en que nada de eso justifica sostener un discurso ambiguo o engañoso, ni a preservar el statu quo. Indudablemente, cuando lo que están en juego son vidas humanas, ese punto ya fue amplia e imperdonablemente sobrepasado.