De la Redacción de El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió un escrito, a través del cual un matrimonio de santafesinos cuestionó la resolución de su homónima provincial, en relación a la investigación por las inundaciones de 2003. Además plantearon el "caso internacional", que podría ser llevado ante una corte por violación a los derechos humanos.

El documento publicado esta semana por el blog de noticias de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe -www.casaddhh.blogspot.com- da cuenta del largo proceso que afrontan los damnificados, desde los días que siguieron al 29 de abril de 2003, cuando un tercio de la ciudad capital y zonas aledañas quedaron bajo agua.

Una investigación se abrió en el juzgado de Instrucción de la Octava Nominación, a cargo de Jorge Patrizi, quien procesó a tres ex funcionarios públicos. Sin embargo le cuestionan que hasta el momento no haya llamado a declarar al ex gobernador de la provincia, como tantas veces le reclamaron los actores civiles.

Jorge Castro y María de los Milagros Demiryi, ambos patrocinados por la Dra. Laura Victoria Cacchini interpusieron la "queja por recurso extraordinario denegado"; y plantearon el "caso internacional", ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazara sus reiterados pedidos.

En el segundo punto del escrito se aclara que la queja es "por denegación del recurso extraordinario federal (ley 48)" por parte del organismo provincial, el último 23 de abril. Es decir, solicitan al alto tribunal que "admita la queja, declarando mal denegado el recurso de inconstitucionalidad" resuelto por la misma corte el 23 de mayo del año pasado. Como consecuencia de ello reclamaron que "revoque" la decisión de la provincia.

La abogada Cecchini detalló los antecedentes del caso, haciendo un rápido raconto del origen y devenir del expediente judicial que ya tiene una parte en sentencia.

Para entender el reclamo precisaron las fechas clave con pedidos y contestaciones en el marco de la causa. El 3 de julio de 2006, los actores civiles ofrecieron pruebas contra Carlos Reutemann y pidieron que sea indagado. Pero el juez Patrizi rechazó las pruebas. La resolución del magistrado fue recurrida, pero él mismo rechazó ese pedido.

Así fue que el 18 de diciembre de ese año se dirigieron por primera vez a la Corte provincial, a través de un "recurso de inconstitucionalidad". La Corte no dio cabida a ese pedido argumentando que la causa no tiene sentencia definitiva, por lo que los actores recurrieron nuevamente a esa instancia para plantear un "recurso extraordinario" que fue rechazado el 23 de abril pasado.

Sobre el tratamiento que la Corte provincial le dio al tema, los actores civiles cuestionaron que "nada se dijo en torno de la imposibilidad de incorporar al proceso a determinados imputados por ausencia de las pruebas destinadas a generar la sospecha que así lo amerita".

"Es claro que no podrá llevarse al plenario a quien no ha sido indagado", afirman los demandantes, para cuestionar la ausencia de funcionarios del más alto rango provincial.

El matrimonio Castro-Demiryi no desconoce que "la posterior incorporación de las pruebas en el plenario pudiera dar lugar a la reapertura de la investigación, o al comienzo de una nueva", aunque hacen mención a "los inconvenientes que el transcurso del tiempo podría operar en tal caso respecto de la subsistencia de la acción penal pública".

"Es claro que se trata de un asunto que excede el interés de esta parte" y "se proyecta sobre toda la comunidad", afirman. Por lo tanto, "sorprende que la Corte local no asuma lo que aún en el orden nacional e internacional fue calificado como catástrofe y como tragedia".

Reconocieron el gesto del gobernador Hermes Binner, por haber hablado de la tragedia en su discurso de asunción ante la Legislatura y en el acto por el quinto aniversario del estrago; y advirtieron además de "la cantidad de demandas resarcitorias en trámite contra la provincia", que realizaron los damnificados.