EFE-AFP-Télam
El gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó ayer que la inmigración clandestina sea un delito en Italia, dentro de una serie de medidas llamadas de "seguridad" y que abarcan otros asuntos, como el combate contra la mafia.
Las medidas fueron adoptadas durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que duró cuatro horas.
En total treinta medidas, veinte de ellas antimafia, recogidas en un decreto ley y en tres proyectos de ley, todas cuales el gobierno espera estén en vigor "antes de finales de julio", explicó el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
La consideración de la inmigración clandestina como delito figuraba ya en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi y que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2004.
Según explicó, el ministro de Interior, Roberto Maroni -exponente de la xenófoba y populista Liga
Norte-, además de la tipificación como delito de la inmigración irregular, entre las nuevas medidas figura la aceleración de los procesos judiciales y de los tiempos de expulsión.
"Las nuevas medidas harán más fácil la expulsión", dijo Maroni, quien no obstante destacó que todas ellas se hacen con "pleno y total respeto de la normativa comunitaria".
Según Maroni, las medidas también comprenden a los ciudadanos de la UE, pues "se hará una verificación más concreta de los requisitos exigidos a los ciudadanos comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano".
Entre tales requisitos, se encuentra que "los ciudadanos tengan un ingreso adecuado para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social", explicó Maroni.
Entre las medidas urgentes que entrarán en vigor inmediatamente a través del decreto ley del Ejecutivo italiano, figuran el aumento de la pena, en un tercio, a los extranjeros ilegales que cometan delitos.
Se aplicará, igualmente, una medida severa para los extranjeros con condenas firmes a penas superiores a dos años de cárcel, los cuales serán expulsados.
El gobierno aprobará antes de julio, por vía parlamentaria, una ley que introduce el delito de inmigración ilegal, con penas que van de 6 meses a cuatro años de cárcel.
En materia de inmigración también se enmarca la petición de la prueba de ADN para los familiares que pidan la reunificación y la confiscación de los departamentos alquilados a inmigrantes clandestinos, lo que ha suscitado la indignación de organizaciones no gubernamentales y católicas.
Serán condenados a penas de cárcel y multas que oscilan entre 10.000 y 50.000 euros aquellas personas que alquilen casas y departamentos a los indocumentados.
La obtención de la nacionalidad italiana a través del matrimonio sólo será posible después de que se demuestre que la pareja reside de forma estable desde hace dos años en la península, frente a los seis meses exigidos hasta ahora, que facilitaban los llamados "matrimonios por conveniencia".
Obligar a un menor de edad a pedir limosna en la calle será castigado con penas que pueden alcanzar los tres años de cárcel.
Se extenderá el período de reclusión hasta los 18 meses (en vez de los dos meses actuales) en los centros de permanencia temporales a la espera de una expulsión. Y se reforzará el poder de los alcaldes para adoptar medidas especiales en caso de ""amenaza a la seguridad pública".
En la lucha contra la mafia, el gobierno ha agilizado el proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y "ponerlos a disposición de la comunidad", explicó Maroni.
En otras materias también de seguridad, el Consejo de Ministros aprobó penas más severas para quienes conduzcan bajo efecto del alcohol y un refuerzo de la certeza de la pena, es decir, "será más difícil suspender la ejecución de las sentencias", dijo Maroni.
Asimismo, se ampliarán los agravantes para los delitos contra las personas ancianas y los minusválidos.
El Consejo de Ministros examinó también la posibilidad de crear patrullas conjuntas entre el ejército y las fuerzas del orden, aunque la idea fue descartada, según los medios de comunicación locales que citaron fuentes del Consejo de Ministros.
Expulsión inmediata
El paquete de medidas contra la inmigración ilegal incluye la introducción del delito de inmigración ilegal, con arresto, y la expulsión inmediata si el extranjero ha sido condenado por otras infracciones.
Los que alquilen casas o departamentos a indocumentados podrán ser penados con la cárcel o multados con entre 10.000 y 50.000 euros.
Además, se imponen nuevos requisitos para los casamientos de nacionales con extranjeros con el fin de evitar los llamados "matrimonios de conveniencia".