No hay ninguna ley que impida que la universidad pueda constituir un Observatorio de Medios para investigar y evaluar cómo funciona la prensa en la Argentina. En la mayoría de los países democráticos del mundo esto funciona y sus aportes a la libertad de prensa y a su calidad son a menudo valiosos.
Las exigencias que se le deben plantear a esta iniciativa son de orden académico y político. En principio se reclama el máximo rigor intelectual, como corresponde a cualquier trabajo realizado en una casa de estudios superiores. La segunda exigencia es que estos Observatorios no deben ser controlados o manejados por los gobiernos. Su independencia y credibilidad dependen del cumplimiento de estas condiciones. Un Observatorio de Medios transformado en un apéndice de algún ministerio público es la antesala del control ideológico y de la censura. Un Observatorio de Medios con capacidad sancionatoria representa el mismo riesgo.
En la Argentina, la iniciativa adquirió estado público a través de un anuncio hecho por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la presidente Kirchner. Que un presidente de la Nación manifieste tanto interés en promover este Observatorio y que ese presidente en los últimos años se haya distinguido por su permanente crítica a los medios y a los periodistas son, en principio, malas señales.
Pero lo que más ha llamado la atención, ha sido la celeridad con que el Observatorio produjo su informe acerca del rol de los periodistas y los medios en el reciente conflicto con el campo. Cuarenta y ocho horas le bastaron a los investigadores para elaborar un informe. El dato merece mencionarse porque el saber académico reclama de tiempo para ponderar, evaluar y plantear interrogantes, no conclusiones.
En el caso que nos ocupa, las preguntas estuvieron ausentes. Se impusieron las resoluciones. El informe se parecía más a una resolución del Poder Ejecutivo que a una investigación rigurosa propia del universo académico. El texto se inicia calificando al conflicto con el campo como un lock out patronal. Resulta curioso que un informe que pretende cuestionar la parcialidad de los medios utilice un lenguaje cargado de parcialidad e intencionalidad oficialista. Abundan consideraciones sobre el trato racista y discriminatorio de los medios. No se dan ejemplos ni nombres. La imputación puede alcanzar a dirigentes opositores, pero también a voceros del oficialismo, como es el caso de D'Elía, cuyas declaraciones políticas siempre están impregnadas por el tema de la raza y el odio clasista.
En otro tramo del informe se califica a los medios como empresas que persiguen sus propios fines. Como muy bien lo señalara un sociólogo de la UBA: descubrir que los medios son empresas es como descubrir que los Reyes Magos son los padres.
Ironías al margen, se pretende que intelectuales universitarios se expresen con más propiedad. Un Observatorio puede ser una buena iniciativa si no se bastardean sus medios y sus fines. En este sentido, lo que ocurre en la Argentina se parece más al panóptico de Foucault, más interesado en vigilar y castigar que en asegurar y ampliar la libertad de prensa.