La reforma del reglamento para la selección de jueces en nuestra provincia, procedimiento a cargo del Consejo de la Magistratura, fue producida por la actual gestión con el propósito de lograr un mecanismo más transparente y confiable, al margen del influjo de las corporaciones y basado en la búsqueda de la excelencia.
La instrumentación de estos cambios mereció una polémica, alentada por los sectores que se consideraron injustamente excluidos; por caso, el de los propios jueces. También hubo observaciones en cuanto a que la serie de pasos reglados que se prevén redundará en un trámite más lento y farragoso.
Se trata de una polémica de fondo, con posturas atendibles y aspectos netamente opinables, que se manejó en términos racionales por sus actores y no implicó quites de colaboración, ni clausuras de la posibilidad de debate y revisión de la normativa redactada por el Poder Ejecutivo.
El problema más acuciante que ha resultado de esta modificación tiene que ver con una cuestión coyuntural y hasta transitoria, pero que implica graves inconvenientes y podría tener severas consecuencias en el corto y mediano plazo. Consiste, estrictamente, en la demora para poner en marcha toda la maquinaria formal necesaria, sumando a la selección de los jueces en sí las instancias previas de conformación de los tribunales evaluadores. Todo esto ha llevado a que, en los meses que van de la actual gestión, no se haya producido nombramiento alguno y apenas se hayan dado los primeros pasos del largo camino para que esto ocurra y se puedan cubrir las primeras (y muy pocas) vacantes.
El desfase producido por la interrupción del funcionamiento del órgano asesor del gobernador tuvo aun otro agravante. Y es que, de manera consistente con el diseño de un nuevo esquema, el gobierno dejó sin efecto los trámites que ya estaban en marcha Äcon distintos grados de avanceÄ según el sistema del Consejo anterior. Con lo cual, a su vez, retrotrajo la situación a la que imperaba varios meses antes del comienzo de su mandato.
La complejidad de esta situación sumó como agravante la coincidencia con el retiro de una serie de jueces que, en un lapso de pocos meses, alcanzaron los extremos jubilatorios. Algunos de ellos, incluso, continúan en servicio para paliar el inconveniente, en momentos en que la reserva de "suplentes" votada en la gestión anterior ya se encuentra agotada. Con lo cual, en poco tiempo más, Santa Fe experimentará una falencia del orden del 20 % de los cargos de magistrados.
Nada de esto invalida o descalifica la estrategia desarrollada por las autoridades, en el marco de un ambicioso programa de mejora de la Justicia, que cuenta con el mérito de pensar a futuro y no sólo improvisar sobre la marcha. Sin embargo, debió haberse previsto la transición de un sistema al otro, para arribar a ese futuro deseado de manera paulatina, sin someter a las instituciones y a la sociedad a las incertidumbres que genera un "salto" de esta naturaleza, en una materia tan sensible como esencial con respecto a la plena vigencia del Estado de Derecho.