El agravamiento de las condiciones productivas en el norte santafesino debido a la prolongada sequía motiva a replantear los mecanismos de incentivo que cuenta el Estado.
La reciente sanción de la emergencia y/o desastre corrobora con el aval oficial una situación que obliga a repensar la explotación agropecuaria en su conjunto y la manera en la que el Estado -como fuerza social organizada- aplica políticas de ayuda al sector.
Esta semana el Ministro de la Producción de la provincia se instaló en la zona para poder apreciar la realidad en directo, previo encuentro con el Secretario de Agricultura de la Nación, Javier de Urquiza, a quien le planteó la necesidad de acoplar el trabajo de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria con su par nacional con vistas a aglutinar el trabajo de ambas.
La gestión provincial se ha planteado desde sus inicios, la necesidad del trabajo en nodos regionales para una implementación más puntual de esas políticas, lo que a priori asomaba como una iniciativa diferenciadora de la gestión anterior.
Desafortunadamente, el actual contexto de confrontación entre el sector y el gobierno nacional dificulta cualquier avance en este sentido y hace que la flagrante crisis hídrica quede en un segundo plano en la agenda de la opinión pública.
Claro que para quienes tienen que convivir cotidianamente con esa realidad, toda demora en la implementación de cualquier eventual ayuda atenta minuto a minuto contra su calidad de vida, la que de por sí viene siendo cada vez peor.
Sin embargo, la confluencia de estas crisis debería servir para instalar un debate estructural que involucre tanto al sector público como al privado. Se hace necesario un análisis profundo de la capacidad productiva de cada departamento o nodo; las reales posibilidades productivas y el manejo integral del agua como recurso estratégico.
Los productores deben saber cuales son las potencialidades productivas de cada zona y de cada campo, y el Estado debe regular las normas en ese sentido. No se puede sobrepoblar de hacienda un campo que no tenga posibilidades de alimentación sustentables y menos se pueden construir canales en beneficio propio en detrimento del vecino al libre albedrío, ya que se termina conspirando contra la actividad toda.
En un marco en donde el gobierno nacional parece decidido a doblegar el reclamo del campo, no debemos olvidar que hay cuentas pendientes que saldar y que esta movilización histórica ha instalado las condiciones tantas veces postergadas para aplicar las políticas de fondo que son necesarias desde hace décadas.
Claro que para que ello ocurra debe existir la vocación sincera por parte de todos para avanzar con soluciones concretas, que involucren esas políticas para las economías regionales.
Mientras el conflicto se endurece, se siguen sumando voces al reclamo del campo. Ahora, los transportistas aplican sus "contrapiquetes" en donde nadie pasa, complicando aún más la situación. Es de esperar que se tome real conciencia del nivel de riesgo al que se está llevando al país de manera innecesaria, destruyendo desde adentro las bases mismas del sistema productivo nacional.