Internacionales: INTE-01
Quienes se resistan a partir por cuenta propia podrían pasar hasta 18 meses detenidos
Europarlamento aprobó polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos
Directiva de Retorno. El europarlamento aprobó por mayoría la expulsión de extranjeros ilegales, norma criticada por El Vaticano, la izquierda y organizaciones de derechos humanos. Foto: AGENCIA EFE.

El Parlamento europeo aprobó hoy la ley de repatriación de inmigrantes ilegales, que establece un polémico período de hasta 18 meses de detención y el envío de los menores de edad a sus respectivos países.

AFP-EFE-Télam

El Europarlamento aprobó hoy Estrasburgo (este de Francia) la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), que establece un período de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.

El texto, resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembro de la UE, fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y las divisiones del grupo socialista.

Por ello, las enmiendas propuestas por los opositores del texto fueron rechazadas sin problemas.

La denominada Directiva Retorno armoniza las reglas de expulsión de los clandestinos hallados en territorio europeo, con una detención máxima de 18 meses para quienes no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años de regresar a la UE.

Criticada por El Vaticano, la izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ley no prohibe además la expulsión de menores.

""El acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente", destacó el eurodiputado español del Partido Popular Europeo (PPE), Agustín Díaz de Mera, cuyo grupo apoyó la ley.

España, con 40 días, es junto con Francia y Chipre uno de los países en los que el período de retención es más corto para los ilegales; ese plazo supera los 6 meses en Hungría, Bélgica o Polonia, alcanza los 18 meses en Alemania y ni siquiera tiene límites en el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda u Holanda.

El conservador Manfred Weber, que negoció el acuerdo con los 27 gobiernos de la UE, celebró una ""victoria de la razón".

Divisiones socialistas

De su lado, los socialistas no lograron superar sus divisiones y así quedó demostrado en la votación, con varios de ellos favorables al compromiso acordado.

""No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea", indicó el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldšrfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo).

Para los críticos del texto, como los Verdes, la izquierda o una parte de los socialistas, la Directiva Retorno conducirá a un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable.

El eurodiputado comunista italiano Giusto Catania no dudó en calificarla de ""una vergüenza y un insulto a la cultura jurídica de Europa".

La Directiva Retorno se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque en el segundo semestre de 2008, con un ""pacto europeo" impulsado por París.

Este pacto tendría como ejes un ""contrato de integración" que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales y una política común de asilo.

La directiva deberá recibir ahora el último vía libre formal de los ministros de Justicia e Interior en su reunión prevista en julio y entrará en vigor poco después.

España, una de las más "garantistas"

España es uno de los países europeos que cuenta con uno de los plazos más cortos de detención de inmigrantes ilegales en espera de su expulsión, pero sus centros se parecen más bien a una cárcel a pesar de que no tienen carácter penitenciario.

En España hay nueve centros de internamiento de extranjeros (CIE) donde los inmigrantes en situación irregular pueden estar retenidos un máximo de 40 días, frente al tope de 18 meses que acaba de decidir la Unión Europea (UE).

En paralelo, el gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero estudia ampliar su tope a 60 días, alegando que el actual es ""muy reducido" para tramitar las expulsiones.

Si el plazo se amplía, ""habrá más personas internadas y es posible que haya que abrir más centros", declaró María Jesús Gallego, subdirectora de información del Ministerio del Interior, del que dependen los CIE.

El país es uno de los ""más garantistas de la UE", por detrás de Francia, donde el límite es de 32 días, asegura, y explica que la decisión de Bruselas pretende poner un límite a los 17 de los 27 países de la UE que aún no lo tenían, como el Reino Unido.

En los CIE, con una capacidad de 3.500 personas -actualmente no colmada- donde también están internos los extranjeros condenados cuya ""sentencia implica la expulsión", ""no se consideran un centro de detención ni una cárcel porque la única prohibición es no entrar en territorio español", explica.

Las expulsiones son uno de los pilares de la política de inmigración del gobierno de Zapatero, que en 2007 devolvió a sus países a 55.938 extranjeros.

Los chárter fletados por la policía o el viaje del expulsado en un vuelo regular escoltado por agentes son las modalidades de devolución, previa autorización del país de origen, lo que suele retrasar la expulsión.

En los CIE trabajan asistentes sociales, traductores y abogados y aunque ""no son un hotel de cinco estrellas, las condiciones son buenas", según Gallego, que niega que en abril hubiera una huelga de hambre de algunos internos del centro de Madrid que se quejaban de falta de respeto de sus derechos.

Sin embargo, algunas entidades denuncian que estos centros tienen características a veces peores que las prisiones.

Británicos debaten Tratado de la UE

La Cámara de los Lores británica debate hoy el Tratado de Lisboa, antes de proceder a una votación, que constituye el último obstáculo parlamentario para que Gran Bretaña apruebe el Tratado de la Unión Europea.

Si el Tratado es adoptado por los Lores, como espera el gobierno laborista, esta será su primera ratificación desde el ""no" irlandés que sumió a la Unión Europea en una crisis que será abordada el jueves y el viernes en una cumbre de los 27 miembros de la UE.

Tras la votación en la Cámara de los Lores, que comenzó esta tarde a debatir el texto en tercera y última lectura, sólo falta obtener el consentimiento real, lo que es una simple formalidad, que toma sólo unos minutos, según una fuente de la Cancillería británica.

El primer ministro británico, Gordon Brown, prevé por eso llegar a la cumbre de la UE en Bruselas, mañana a la tarde, con la ratificación británica en el bolsillo.

Pero Lores conservadores tienen la intención de presentar un recurso pidiendo el aplazamiento de la adopción del texto hasta al menos el 20 de octubre, alegando que quieren dejar la puerta abierta a las modificaciones que pueden hacerse al texto tras el resultado negativo del referéndum irlandés.

Si esta enmienda del Partido Conservador es aceptada, el tratado será reenviado a la Cámara de los Comunes, por lo que no será ratificado a tiempo para la cumbre en Bruselas el jueves y viernes.

Rechazo uruguayo

El Senado uruguayo rechazó por unanimidad la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada hoy por el Parlamento Europeo (PE) e instó a otros legislativos latinoamericanos a sumarse a esta reprobación.

La declaración del Senado invita además a los Parlamentos y gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

El documento del Senado uruguayo subraya que "la decisión europea constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional" y anuncia su decisión de "hacer conocer a los órganos de las Naciones Unidas este rechazo".