Entre retenciones y la liberación de Ingrid Betancourt, la semana periodística se detuvo en la muerte de una joven en una clínica de Haedo, en provincia de Buenos Aires, por una presunta mala praxis de un profesional que -a las pocas horas- se determinó que no es anestesiólogo.
La triste fama ganada a estas horas por Luis Alberto Romero Hiriart y las muertes que se le adjudican pudieron haber sido evitadas si la Justicia santafesina hubiese cerrado un caso iniciado en 1998 y que prescribió en el cajón de algunos de los jueces penales de Rafaela.
Por estas horas y cuando el nombre del profesional ganó triste fama en los medios nacionales no fueron pocos los que empezaron a revisar expedientes en los tribunales rafaelinos, a releer informes de peritos médicos e incluso el resultado de la autopsia realizada al cadáver de un paciente atendido en una clínica para combatir el dolor que se había instalado en esa ciudad. Entre el fiscal y el perito médico entendieron que era de tal gravedad la actuación del profesional que solicitaron y lograron -en primera instancia- no sólo el procesamiento sino también la inhabilitación para que ejerciera el cargo médico. Esta segunda decisión fue revocada por la cámara penal de Rafaela y Romero Hiriart siguió atendiendo aunque ya no en nuestra provincia sino en Santiago del Estero, donde en la localidad de Frías le adjudican una mala praxis.
Ahora, también se conoce que este profesional que actuaba como anestesista ni siquiera aprobó el examen teórico de la especialidad allá por 1996 en nuestra ciudad.
Lo que sorprende es que en épocas donde la tecnología hace que todos estemos en red, una cuestión tan delicada como la atención de la salud no cuente con algún padrón de profesionales con causas pendientes en la Justicia para evitar aquellos con denuncias vayan de provincia en provincia haciendo estragos en los incautos pacientes.
Una vez más el perimido sistema penal santafesino dejó caer una causa y su principal implicado siguió actuando y dejando víctimas en otras provincias. Sería interesante que por la salud de la población, el Poder Judicial santafesino informe sobre los actores judiciales y las razones que llevaron a dejar prescripta la causa.