La crisis política en que derivó el conflicto del campo va devorando argumentos y etapas, pero sigue lejos de resolverse. ¿Quién habría pensado a mediados de marzo que casi cuatro meses después persistiría, agravado, un conflicto originado en la resistencia del agro a un brutal manotazo fiscal?

En su fase prelegislativa, la protesta del campo tuvo características patoteriles y antidemocráticas y se basó en gran medida en la supresión del derecho del resto de los argentinos a transitar y comerciar libremente. Eso fueron los cortes de ruta, aunque el mediático Alfredo de Angeli insista en justificarlos esgrimiendo que ése era el único modo que tenían los productores de lograr la atención del gobierno y del resto de la sociedad .

El gobierno aprovechó la oportunidad para endilgarle al paro y los cortes de ruta efectos que en rigor son fruto de su propia política de negación de la realidad: inflación, dificultades de abastecimiento, escasez de gasoil. Oportunista y maniobrero, eludió desde el principio su responsabilidad elemental de solucionar los problemas públicos y mantener la paz social, intentó dividir a los ruralistas o descolocarlos ante la sociedad, y terminó por descalificar como golpista cualquier objeción a sus medidas o resistencia a su voluntad.

Aunque con visos de institucionalidad, el grado de crisis en la fase actual es peor porque, a fuerza de obcecación, el kirchnerismo logró darle apariencia al escenario que pintó con una mezcla de cinismo y paranoia.

Ahora el oficialismo no sólo dice que la resistencia rural a la angurria del fisco K es golpista; también apunta a un eje presuntamente formado por el vicepresidente Julio Cobos y el ex presidente Eduardo Duhalde, sin más ¿pruebas? que la confluencia de peronistas no K y radicales de la Concertación Plural en torno a un proyecto al que aportaron el ex gobernador y actual diputado por Buenos Aires, Felipe Solá, y la ex ministra de Economía y actual diputada por Mendoza, Laura Montero.

Cobos no sólo fue acusado de "meterse" en el proceso legislativo, pese a ser presidente de una de las Cámaras del Congreso. El viernes Alberto Fernández, escaló la crítica. El accionar del vicepresidente, señaló el jefe de Gabinete, "tampoco me parece que en términos democráticos sea una actitud clara".

Aunque en política la ingenuidad es siempre un riesgo, es posible afirmar que el peor error de Solá y Montero fue intentar resolver un problema tomando el toro por las astas. El toro es y sigue siendo el esquema de retenciones móviles pergeñado por Martín Lousteau, un ministro bisoño e inexperto, eyectado de su cargo por el vacío que le hizo el poder K pese a haber diseñado una medida a la que el propio kirchnerismo atribuye -según la ocasión- virtudes tan amplias y variadas como revertir la "sojización", bajar el precio de los alimentos, combatir la inflación, redistribuir la renta, construir hospitales, viviendas y caminos rurales, e incluso esta última se le escapó a Néstor Kirchner el jueves pasado, en una nueva diatriba antigolpista- "pagar las obligaciones externas de los argentinos".

Más ingenuo, en todo caso, sería creer en la sinceridad de la presidenta Cristina Fernández cuando dijo que con la remisión de las retenciones móviles al Congreso buscaba dar "mayor institucionalidad" a la política oficial. En verdad, buscaba curarse en salud. Horas antes, la Corte Suprema había advertido a la presidenta sobre la "inconstitucionalidad de origen" que la mayoría de los jueces del Tribunal advertían en la resolución que creó las retenciones y sobre la que se pronunciarían en no demasiado tiempo.

En este contexto, más de un centenar de "legisladores" kirchneristas se aprestaban hoy a adornar un esquema oficial que en la práctica deja en manos del Estado más del 70 por ciento del ingreso originado en la producción de soja, maíz, girasol o trigo, y en algunos casos como la producción sojera en áreas marginales- más del 85 por ciento.

Con todo, la desmesura de la dimensión fiscal es menos importante que la desmesura política de un gobierno que, de un lado, enfrenta cacerolas con grupos de choque de despliegue rápido y, del otro, responde a un supuesto complot golpista montando media docena de carpas "nacionales y populares" frente al Congreso.

Aún con la fenomenal crisis que atraviesa el país, el gobierno probablemente recaude este año unos 280.000 millones de pesos. Si no le alcanzan para sostener su modelo de "acumulación con inclusión social" no será porque el agro pague algunos miles de millones de pesos más o menos (lo que no es poco), sino porque lo que se agotó es un "modelo" basado en una expansión del gasto tan fenomenal que ya empieza a agotar la generosidad de la recaudación.

Ese esquema económico responde a un orden político que concentra la decisión en pocas manos y usa el dinero para "financiar" soluciones costosísimas, como el buque "regasificador" anclado en el puerto de Bahía Blanca, las barcazas y generadores móviles de electricidad, las compras crecientes de gasoil a un precio internacional muy superior al interno, y proyectos insensatos, como el Tren Bala, y para doblegar y alinear "voluntades" políticas.

Tal vez por eso, en la última edición de Le Monde Diplomatique, su director, Carlos Gabetta, insospechado de simpatías ruralistas, escribió: "Si algo desestabiliza a este gobierno es su opacidad e incompetencia".

Con el interior del país ya sometido a un "enfriamiento" que incluye el rompimiento de la cadena de pagos, suspensiones, despidos y una virtual desaparición de la inversión, la siembra de trigo es, hoy, el mejor termómetro de hasta dónde calará la crisis.

Los datos, hasta ahora, no son halagüeños. En parte por la sequía, pero fundamentalmente por el desquicio que ha provocado la política oficial, el área cultivada descenderá entre 13 y 16 por ciento, según los datos con que se contaba hasta el viernes 4 de julio. Se trata, además, de una siembra mucho menos cuidada, por lo que la producción total caerá en una proporción todavía mayor.

Hermes Binner fue tal vez el político que diagnosticó con mayor precisión ese estado de cosas cuando señaló, hace tres semanas: "Esta forma de gobernar ha llegado a su fin".

No un gobierno, dijo el gobernador santafesino, sino una "forma de gobernar". Le guste o no, Cristina Fernández tendrá que aprender modos diferentes de los de su marido.

Sergio Serrichio (CMI)