Cuando hace unos años un grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires decidió tomar el establecimiento en solidaridad con las movilizaciones estudiantiles de otros colegios secundarios, el entonces rector Horacio Sanguinetti dialogó con ellos para hacerlos desistir de la medida. En una reunión que se hizo en el patio, el rector les explicó a los jóvenes que esa instancia estaba prohibida por reglamento, pero además era desaconsejable desde el punto de vista político.
Los estudiantes le recordaron que en otras circunstancias el colegio había sido tomado. Sanguinetti señaló que ello había ocurrido en situaciones límite. Planteó que las tomas de los colegios fueron el último recurso al que apeló el movimiento estudiantil cuando estaban en peligro las instituciones de la Nación o ante la inminencia de un golpe de Estado. La reunión concluyó con la decisión de los estudiantes de levantar la medidas de lucha.
Por su parte Sanguinetti reconoció, tiempo después, que si esto no ocurría se iban a aplicar sanciones porque la democracia es un sistema legal que asegura derechos y establece obligaciones. Es decir, garantiza que la libertad se ejerza con responsabilidad, un buen principio educativo para adolescentes que recién se están iniciando en la vida pública.
Valgan estas consideraciones para reflexionar sobre la toma del colegio por parte de un grupo de estudiantes. En este caso, ni el Estado de derecho, ni las libertades, ni la calidad de la enseñanza están en juego. Los jóvenes reclaman participación en el gobierno del Colegio, una demanda excesiva que bajo ningún punto de vista justifica un acto de semejante magnitud. En el Nacional, los canales de participación están abiertos; sin embargo, lo que se decide es una medida extrema que incluye la paralización de una institución pública.
Los estudiantes secundarios son menores de edad. Por lo tanto, carecen de atributos legales para decidir en una serie de cuestiones. Por ejemplo, la de votar en las elecciones nacionales. Sus deseos de participación son atendibles y deseables, pero deben encuadrarse dentro de determinados límites. En cierto sentido, la demanda es más simbólica que jurídica. Su situación no es equiparable a la de los universitarios, que son ciudadanos mayores de edad.
Lo paradójico, en el caso que nos ocupa, es que estamos hablando de uno de los colegios más prestigiados y antiguos de la Argentina. Una institución pública exigente que en estos momentos está sometida a presiones por parte de un grupo de adolescentes y jóvenes irresponsables manipulados políticamente por sectas políticas de extrema izquierda que han hecho de la agitación y la degradación de las instituciones educativas la razón de ser de su existencia.
El año pasado algo parecido intentaron hacer con el colegio Carlos Pellegrini, otro gran establecimiento educativo. Como dijera un directivo del Nacional: "Destruyeron al Pellegrini, ahora vienen por el nuestro".
Hoy, el desafío que afrontan las instituciones consiste en saber si están dispuestas a admitir que este proceso sistemático de destrucción se siga llevando adelante con total impunidad.