El ex dictador Jorge Rafael Videla deberá enfrentar un juicio oral y público por 27 casos de robo de bebés durante la última dictadura, según lo dispuso la Cámara Federal al confirmar el procesamiento con prisión preventiva del represor por una veintena de casos que se sumaron en su contra.
"Su posición en la cúspide de la cadena de mandos le ha permitido, a través de sus órdenes, el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que estos delitos fueran cometidos", advirtió la Sala I de la Cámara Federal al dictar la resolución.
Así, los jueces Eduardo Farah y Horacio Cattani dejaron firme el procesamiento de Videla por los delitos de "sustracción, retención y ocultamiento de menores, en concurso ideal con el de sustitución de la identidad", cometidos en 22 casos.
Videla ya había sido procesado por primera vez en esta causa en julio de 1998, cuando se le atribuyó haber encabezado una plan sistemático para el robo de niños recién nacidos durante la última dictadura militar.
En se momento quedó procesado por el robo de cinco menores, pero Videla planteó una seguidilla de apelaciones aludiendo un supuesto doble juzgamiento, ya que en el histórico juicio a las Juntas sustanciado por la Cámara Federal en 1985 se había analizado casos de apropiación de niños.
Pero la Corte finalmente rechazó los planteos y diez años después del primer procesamiento el ex presidente de facto fue responsabilizado por una veintena de hechos más.
Entre los 22 nuevos casos que se le imputan se encuentran los casos del secuestro y desaparición de Mónica Sofía Grinspon de Logares y Claudio Logares, secuestrados en mayo de 1978 en Uruguay, junto a su beba Paula Eva Logares.
La niña, que tenía casi 2 años, fue encontrada e identificada seis años después bajo el falso nombre de Paula Lavallen.
Hija de Carlotto
En la causa también se investiga el robo de la hija de Laura Estela Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo secuestrada en junio de 1978 y alojada en el centro clandestino La Cacha donde dio a luz a su hija que permanece desaparecida.
En el centro de detención Automotores Orletti se produjo el parto del hijo de María Claudia García Iruretagoyena, la nuera del escritor Juan Gelman.
En la investigación también constan varios nacimientos producidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo donde fueron conducidas varias mujeres embarazadas y detenidas a dar a luz. "En su paso por ese hospital, la mujeres estaban atadas a las camas, con los ojos vendados, desnudas y fuertemente vigiladas por guardias. Nunca se registraba su ingreso o egreso, ni el nacimiento de la criatura. Sólo eran atendidas por médicos militares y el egreso se solía producir en horarios nocturnos para evitar al público. Luego del parto, se le suministraba a las madres una inyección para cortar la lactancia", indicaron los jueces.
A la hora de analizar la responsabilidad de Videla, la Cámara ponderó "su posición en la cúspide de la cadena de mandos" y advirtió que "nos encontramos ante un grado de conocimiento que permite afirmar que han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad". En el fallo se subrayó que "todos los menores sustraídos eran hijos de personas que fueron secuestradas en procedimientos ilegales efectuados en el marco del aparato de represión clandestina, ejecutados por personal subordinado al ejército y fueron conducidas a centros clandestinos de detención ubicados en lugares bajo jurisdicción de esa fuerza.
"En el intento desmedido -añadieron- de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres; y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos. Los padres ya habían corrido esa misma suerte tiempo antes. Eso fue acompañado por la negativa de información a los familiares", se reseñó.
Por último, los camaristas advirtieron que "aún pasados treinta años, sigue manteniendo sus funestas consecuencias, pues siguen jóvenes sin ser encontrados pese al incesante y continuo intento de los familiares y las autoridades judiciales por hallarlos".
Télam