Necesariamente, una vez pasado este gran vado que han sido estos 130 días de conflicto del gobierno con el campo, la Argentina debe mirar el futuro a partir de la construcción de una mayor institucionalidad interna.
Para lograrlo, quizás, primero se deban acallar las palabras y buscar el silencio que permita la reflexión, la profunda introspección como protagonistas de lo ocurrido.
Porque, en estos 130 días, lo ocurrido fue muy profundo, cualquiera sea la arista que se desee analizar. Y en realidad, muy poco, lo terminado. Por el contrario, un sinnúmero de materias ha quedado latente, esperando que se asuman los hechos desde perspectivas democráticamente correctas.
Si se considera como punto de partida el interior profundo, por primera vez en décadas se ha tomado conciencia de lo que significaba que las instituciones no funcionaran como lo establece la Constitución Nacional en lo que respecta a las atribuciones de cada poder, sin forzadas interpretaciones.
En el mismo terreno, debe señalarse la fuerza que tuvo la gente del interior para marcar los límites al gobierno central, punto al cual no se han animado por años administraciones de igual signo político y dirigentes de todos los sectores, que primero han medido el costo-beneficio de las posiciones principistas antes de pronunciarse.
Como ciudadanos comunes, debe asumirse que se llega a gobiernos con rasgos autoritarios y decisiones destempladas porque por años se fue dejando espacio para que ello ocurriera. Mientras las cosas fueran bien, ¿qué importancia podía asignarse a que las instituciones no funcionaran correctamente o que se traspasaran los límites entre poderes?
¿Para qué pensar en estos principios rectores de la República, si el país crecía a tasas asiáticas en términos económicos? Sólo en ese terreno, en los demás decrecíamos Äen calidad educativa, para poner un ejemploÄ y tampoco se lo reclamó. O en salud, nadie advertía que los hospitales públicos cada vez se poblaban más o que la brecha se hacía cada vez más profunda entre los preparados tecnológicamente y quienes no poseen esa capacitación.
Hay que ser sinceros: pesos más en el bolsillo llevaron a dejar de lado otros derechos y muchas más obligaciones que como ciudadanos se tienen frente a las autoridades constituidas. Faltaron control social y la conciencia de la importancia de alcanzar consensos básicos.
El comienzo del debate tuvo un disparador que fueron las retenciones móviles en el 44 % y, a partir de allí, quedó al desnudo un sinnúmero de carencias y falencias del funcionamiento institucional. El campo Ätérmino utilizado como genérico de una compleja red de actividades que hoy constituyen el sector agroindustrialÄ tuvo la fuerza y el valor de llevar su planteo al centro de la escena nacional y de requerir políticas articuladas en sus cadenas de valor.
Mientras los productores defendían, con movilizaciones y asambleas, sus derechos, las provincias no exhibieron ni asumieron la misma actitud, y si existe un sistema perverso de recaudación, es el de aplicación de retenciones fijas o móviles, cualquiera sea su nivel de imposición.
Estas contribuciones por exportaciones no son coparticipables. Pueden volver o no a las provincias, como una gracia del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, sin la rigurosidad de una ley. Generalmente, actúan como sistema de premios y castigos.
Por eso, en esta arista también se falló desde la ciudadanía y desde la dirigencia, sobre todo, la política. El planteo de fondo muy poco apareció en la superficie.
Las provincias deben tener dominio sobre los recursos que generan y acuerdo sobre lo que entregan solidariamente a la Nación para su distribución, por eso es necesario que se cumpla la Constitución del '94, que demanda una nueva ley de Coparticipación Federal o un acuerdo integral en materia de relaciones económicas.
En esa elaboración, deberán integrarse índices que reconozcan y compensen las diferencias de desarrollo entre los Estados federales, pero las normas Äy su cumplimientoÄ serán las únicas herramientas que garantizarán una correcta y equitativa distribución de los fondos. Las provincias recuperarían recursos, disminuiría la presión fiscal general y lo mismo ocurriría a nivel comunal.
Sin desmerecer la actitud del vicepresidente Julio César Cobos, que puso fin al conflicto iniciado 130 días atrás, ¿por qué tanta sorpresa generó su integridad personal? ¿Por qué pensar que la Argentina no cuenta con reservas de hombres democráticos, que sienten ese interior que perseveró en su queja con una presencia constante y agotadora?
El vicepresidente tuvo el tino de conversar con gobernadores, dirigentes del campo y, sobre todo, escuchar al millar de intendentes, que venían señalando la incidencia que tendría sobre sus economías lugareñas la exacción nacional propuesta. El poder hace perder perspectivas. No fue el caso de Cobos, quien profundizó su responsabilidad hacia el conjunto de la Nación y en esto se basa el reconocimiento que ha tenido.
Actuó con prudencia. Igual que el gobernador Hermes Binner, que en estos 130 días de conflicto fue desgranando con palabras medidas algunos conceptos que se plantean en esta entrega de "Apuntes...".
Es procedente reiterar los datos aportados el domingo pasado, provenientes del Centro de Estudios y Proyectos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe: entre abril de 2002 a diciembre de 2007, de la provincia Fe salieron, entre retenciones y otros impuestos de recaudación nacional, 43.766.760.000 de pesos; en tanto, en igual período, retornaron a este Estado provincial, por coparticipación y planes sociales, 22.412.910.000 pesos. En moneda dura, se calcula que el territorio provincial aportó sólo por retenciones 6.000 millones de dólares a la Nación.
Más personas que Cobos fueron conscientes de la magnitud de la exacción: de los 21 legisladores nacionales de Santa Fe, sólo 9 diputados levantaron la mano por la resolución N´ 125 de retenciones móviles a las que le introdujeron reformas. En tanto, votaron en contra los tres senadores nacionales: Rubén Giustiniani (socialista), Roxana Latorre y Carlos Reutemann (PJ) Äellos, con proyecto alternativo propio y una posición muy jugadaÄ y los diputados Miguel Peralta y Susana García (Coalición Cívica); Pedro Morini (UCR), Verónica Benas (SI) y Elda Gerez, Miguel Barrios, Pablo Zancada, Mónica Fein, María Elena Martín y Silvia Augsburger, todos del socialismo.
La Argentina requiere profundizar su institucionalidad cumpliendo con la Constitución y replantear su federalismo fiscal. La relación entre los gobiernos nacional y provinciales no debe tener como escenario la discrecionalidad, según el partido ubicado en el poder o la adhesión al estilo de conducción de quienes lo ostenten.
Los 130 días fueron una señal amarilla, pero se estuvo al filo de cambiar a colorada. Esto ocurrió por responsabilidad del gobierno nacional, aunque también por el dejar hacer, por mucho tiempo, de cada uno como ciudadano.