Sandra Palomeque, una de las fundadoras del movimiento sindical Aspi, realizó un descargo contra los medios de prensa que difundieron la confirmación judicial en su contra, por una causa por estafas reiteradas que data de 2001. La militante gremial cuestionó con dureza el manejo del tema en los Tribunales locales, y denunció "desidia".
"Es cierto que la causa se inicia en el año 2001", aunque "de la simple lectura del expediente se podrá verificar que el mismo no fue tramitado en forma", escribió Palomeque en una carta a la redacción del diario, secundada por su abogado Jorge Questa. Y continúa diciendo: "Así, han transcurrido extensos períodos de tiempo donde la causa ha estado virtualmente paralizada, sin el trámite correspondiente".
La semana pasada El Litoral difundió la confirmación parcial que la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal hizo sobre el procesamiento. La causa se inició en 2001 y la resolución en primera instancia la dictó el juez de Instrucción Segunda, José Manuel García Porta, el 14 de noviembre del año pasado.
Palomeque quedó acusada de los supuestos delitos de "estafa y uso de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas falso, en concurso ideal; estafa y falsificación de documento público destinado a acreditar el dominio de vehículo, en concurso real; estafas reiteradas y falsificación de documento privado en seis casos".
"Avance por oleadas"
"No podríamos calificar la marcha de la causa como "lenta", sino de "avances por oleadas", y esas "oleadas" en la investigación se daban "casualmente" con cada actividad de la Asociación Sindical del Personal del Iapos (Aspi), que atentaba contra intereses de sectores influyentes", afirmó la acusada.
Por otra parte denunciaron la desaparición de pruebas, entre ellos "un scanner y una computadora personal" que habrían sido secuestrados de la casa de su hermana; así como las constantes dilaciones de los pasos procesales.
"Tenemos que hablar de desidia", arremetió Palomeque, que asesorada por su abogado refiere los plazos legales establecidos en el Código Procesal Penal de la provincia, que "otorga al magistrado un término de 10 días posteriores a la declaración indagatoria y 90 días para dictar el auto de procesamiento o sobreseer definitivamente al imputado".
También marcó cierto "direccionamiento de la información" puesto que "es evidente, que no se está atacando con esto a Sandra Palomeque, sino a lo que ésta representa en su lucha sindical" como militante de Aspi.
Consultado oportunamente acerca de la noticia, el secretario general de la Aspi, Carlos Landi, reconoció que Palomeque "es una colaboradora nuestra y tiene plena confianza en las tareas que ha desarrollado en el lugar", dijo. Además, el secretario general del nuevo sindicato recalcó que se trata de una causa de índole privada, que se inició en el 2001, cuando "ni siquiera existía Aspi".